Argentina. Organizaciones feministas repudian a Lijo y García-Mansilla como candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia

Tras la designación del Gobierno de Javier Milei como candidatos a jueces para integrar la Corte Suprema de Justicia a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, organización feminista que luchó por lograr la despenalización y legalización del aborto en Argentina, emitieron un comunicado repudiando la elección de los candidatos.

La Corte Suprema es la garante última de la Constitución Nacional y del Estado de derecho. Teniendo en cuenta la trascendencia de su misión las personas que la integren deben cumplir con las condiciones mínimas establecidas en la normativa vigente (Constitución Nacional y Decreto 222/03), demostrando aptitudes morales, idoneidad técnica y jurídica, independencia y un compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos.

Teniendo en cuenta el importante rol que tendrán ambos candidatos del Gobierno, desde la Campaña afirmaron «no podemos admitir la designación de dos personas que demuestran ser altamente cuestionables para ejercer cargos que requieren idoneidad, independencia política, formación en derechos humanos y perspectiva de género así como una conducta ética acorde al cargo que pretenden ocupar» agregaron «tampoco podemos permitir sus designaciones ya que estarían consolidando gravemente una desigualdad de géneros en el acceso a cargos públicos, violando las obligaciones internacionales asumidas por el Estado en la materia».

Las denuncias contra Lijo y García Mansilla
Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) publicaron su repudio sobre la elección de Lijo y García Mansilla y brindaron información sobre el accionar de ambos en materia de derechos.

Respecto de Ariel Lijo, informaron que actualmente está a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, y manifestaron las siguientes objeciones:

Pese a sus 30 años de ejercicio, no cuenta con una trayectoria académica y profesional ni con un reconocimiento en la comunidad del derecho a la altura del cargo que se pretende cubrir.
Es de los jueces que menos eficiencia demostró. Uno de los ejemplos más evidentes de ello son las inadmisibles dilaciones en las que incurrió en la gestión de sus causas (tiene casos abiertos hace 17, 18 y 26 años).
Desde 2004 hasta la actualidad, recibió un total de 32 denuncias por mal desempeño o por la comisión de delitos en el ejercicio de su función, siendo el tercer juez más denunciado de Comodoro Py. Si bien no fue sancionado, esto es frecuente en el Consejo de la Magistratura, y varios de los expedientes abiertos se cerraron sin siquiera haber ordenado medidas de prueba.
Existen sospechas sobre su independencia, a partir de la extensa duración de la investigación de casos de corrupción que involucran a funcionarios públicos y empresarios. De acuerdo a los estándares internacionales, un juez no solo debe ser independiente sino también parecerlo, de modo tal de inspirar confianza en la ciudadanía.

Por otra parte, también presentaron observaciones a la candidatura de Manuel García-Mansilla, académico y actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, a raíz de ciertas posturas que podrían implicar retrocesos en materia de derechos humanos. En particular, señalan que:

Su interpretación del artículo 75, inc. 22 de la Constitución Nacional restringe el ejercicio de los derechos humanos, porque rechaza la jerarquía constitucional de los tratados internacionales y desestima los extensos y robustos estándares que desarrollaron los órganos creados para interpretar estos instrumentos y monitorear su cumplimiento.
Es partidario de la teoría originalista de interpretación constitucional, según la cual nuestra norma fundamental se debe interpretar de acuerdo al significado de las palabras al momento de su redacción. Esto le quita valor a las interpretaciones que, en función de los cambios sociales, realiza la comunidad jurídica actual y la ciudadanía en general.
Sostiene que las personas gestantes no pueden interrumpir sus embarazos, ni siquiera si han sido víctimas de abuso sexual, a partir de un entendimiento del derecho a la vida del feto que ignora cualquier tensión con la autonomía personal y los derechos sexuales y reproductivos reconocidos en diversos tratados internacionales.
Tiene una visión limitada del artículo 42 de la Constitución Nacional, que consagra los derechos de las personas usuarias y consumidoras, rechazando su participación en los procesos de actualización de los montos de las tarifas de servicios públicos.
«Enfatizamos en que la eventual incorporación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla consolidaría una desigualdad entre los géneros en el acceso a cargos públicos y violaría las obligaciones internacionales asumidas por el Estado en la materia. Una representación sexo-genérica más diversa es un requisito mínimo, insuficiente pero imprescindible, para eliminar la discriminación por razones de género en la vida política y pública del país, y es especialmente importante para la legitimidad y el impacto de las decisiones de la Corte» finalizó ACIJ

Además le solicitan al Poder Ejecutivo Nacional que retire las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para ocupar el cargo de jueces de la Corte Suprema.

ANRed.