Argentina. El Conti en guardia: se realizará el festival «Una Memoria que Arde» este sábado

Las y los trabajadores se encuentran en alerta desde que el martes 31 de diciembre el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, decidiera cerrar el Centro Cultural Conti y notificara a los trabajadores que no concurran a su lugar de trabajo hasta nuevo aviso, bajo el argumento de una «reestructuración».

«Nosotros en estos tres meses venimos transitando una situación que tenía que ver con la desvinculación de 400 personas en la secretaría (de Derechos Humanos), según te adherías a un retiro que ellos llamaban voluntario», señaló el jueves por mañana la delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en dicha secretaría, Paula Donadío a Somos Radio AM 530, la Radio de las Madres

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, advirtió: «En este inicio de año se profundiza el desguace y el desmantelamiento de áreas claves del Estado. Esto ya pasó con la dictadura y lo vivimos durante el macrismo. Volvió a llenarse de policías la Administración Pública y son ellos con listados en las manos quienes comunican las cesantías».

El cronograma de lucha continúa mañana con una misa por los trabajadores en las puertas del organismo a partir de las 11 y el sábado 4 se realizará el festival «Una Memoria que Arde» en las puertas del Haroldo Conti a partir de las 18.

En la Secretaría de Derechos Humanos, en la que trabajan unas 800 personas y los despidos, que el gobierno nacional llama «ajuste» involucra a más de 600 personas. Esta política es un correlato del negacionismo del gobierno, parte del desmantelamiento de las políticas de memoria. En el Conti en particular, más de la mitad de la planta de casi 90 personas también tenía contratos de ACARA. Lo mismo ocurre en tantas otras áreas de la Secretaría, como el área de Sitios de Memoria, el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE), Leyes Reparatorias y el Archivo Nacional por la Memoria.

«Hoy avanza el desguace sobre la exESMA, espacio de memoria por excelencia, consagrado desde 2004 a ese fin, reconocido internacionalmente. El Centro Cultural Haroldo Conti, una referencia en el campo artístico y de los derechos humanos cerró sus puertas y los y las trabajadoras que no fueron despedidos, tienen prohibido ingresar al espacio, quedando en situación de “guardias pasivas”. La investigación histórica, la producción de pruebas y de información que nutren los procesos judiciales y el camino de Verdad, la tarea con testigos y víctimas, el litigio como poder ejecutivo en las causas por delitos de lesa humanidad, la transmisión de la memoria, la política reparatoria en cumplimiento de la legislación nacional, quedan afectadas y en algunos casos ya no podrán realizarse», expresa un comunicado emitido el primero de enero y firmado por diversas organizaciones de Derechos Humanos, entre ellas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

La denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria
«La Comisión Provincial por la Memoria solicitó a la justicia federal que se investigue la realización de tareas de inteligencia ilegal durante la manifestación del pasado viernes en el sitio de memoria ex ESMA en reclamo por el vaciamiento a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En el marco del monitoreo de la represión a la protesta social que el organismo realiza en su calidad de Mecanismo local de prevención de la tortura, se observó ese día la presencia de personal policial de civil sin identificación y agentes de las fuerzas de seguridad realizando videofilmaciones de las y los manifestantes tanto en el interior como en el exterior del edificio. La denuncia fue asignada por sorteo al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10», expresa la gacetilla de prensa de este jueves 2 de enero.

El pasado viernes 27 de diciembre, durante la convocatoria bajo el lema “Abrazo a la ESMA. Defendemos la Secretaría y a sus trabajadores”, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) advirtió la presencia de personal policial no identificado (de civil) que deambulaba entre las y los manifestantes y realizaba comunicaciones telefónicas.

De acuerdo a la denuncia presentada por el organismo, este personal de civil deambulaba entre los convocados en las inmediaciones del sitio de memoria ex ESMA y luego interactuaba con los agentes de la Policía de la Ciudad que se encontraban en el lugar. Sin embargo, al requerir información a los encargados del operativo sobre esta situación respondieron que “todo el personal de la Policía de la Ciudad se encontraba identificado y que esas personas no estaban a su cargo”.

La CPM también agrega en su denuncia que durante toda la jornada hubo personal policial filmando tanto en el interior como en el exterior del edificio de la ex ESMA.

En la denuncia presentada ante la justicia federal, que recayó por sorteo en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10, el organismo adjuntó como material de prueba las fotografías y videos realizados por la CPM que dan cuenta de la presencia de personal de civil y de policías realizando filmaciones de los y las manifestantes.

Además, requirió el registro y secuestro del material fílmico y todo otro registro gráfico o auditivo obtenido en el marco de la intervención policial realizada en el contexto de la convocatoria.

“La actividad encubierta de personal policial pudo tener como objetivo la reunión de información de orden política y social, en el contexto de una manifestación pública realizada por los trabajadores de la ex ESMA y las organizaciones sociales que los acompañaban”, señalaron desde la CPM en la denuncia donde agregaron que esto podría encuadrarse en las disposiciones y prohibiciones de la Ley Nacional 25.520 que regula y limita los alcances de las tareas de Inteligencia para proteger los derechos y libertades de las personas. “Más aún si dichas tareas no fueron ordenadas por ningún órgano judicial de manera fundada, situación que deberá corroborarse en la investigación”, agregaron.

«Estás acciones de inteligencia son un elemento más en el cercenamiento no solo del derecho a la protesta sino de las políticas de memoria y derechos humanos que han implicado el despido masivo de trabajadoras y trabajadores, y el cierre de programas y del Centro Cultural Haroldo Conti», finaliza el comunicado.

ANRed.