Argentina. La resistencia jujeña al RIGI a un año de la rebelión

Entrevista realizada por Andrea Arrigoni para ContrahegemoniaWeb a, Natalia Morales, diputada de Jujuy por el PTS- Frente de Izquierda y exconvencional constituyente contra la Reforma provincial.

En estos días se discute la adhesión al RIGI en las Legislaturas provinciales. ¿Cuál es la situación que se presenta al respecto en Jujuy?

Por un lado, el proyecto de adhesión al RIGI tomó estado parlamentario el miércoles pasado, el oficialismo ya anunció que lo quiere hacer en tiempo exprés. De hecho, definió que se remita la discusión del proyecto solamente a tres comisiones. No casualmente faltan las de Pueblos indígenas, Ambiente y Trabajo, aunque le hemos hecho el pedido de que se pueda incorporar, también trayendo a colación que había integrantes de comunidades, que están haciendo permanencia fuera de la Legislatura y ya vienen expresando el rechazo en distintos puntos de la provincia.

La intención es que sea un trámite, valiéndose de la mayoría para poder avanzar. Lo cual es grave porque sabemos muy bien que acá en la provincia hay muchos intereses para seguir saqueando el litio y otros minerales, sin licencia social. Hay dos proyectos en producción en Salar Olaroz Caucharí, donde están gigantes como Orocobre, Toyota, Mitsubishi, Gangfeng. Los accionistas son capitales financieros con quienes la Argentina tiene “deuda” y se llevan el litio casi regalado. Son quienes están en el negocio de las baterías del litio y la industria de la electromovilidad.

Hay proyectos de exploración habilitados por el gobierno de Jujuy sin consentimiento de las 33 comunidades indígenas de la Cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, donde están metidos empresarios locales que hacen negocios con los hidrocarburos como Rocca con Tecteprol, Pluspetrol y una subsidiaria de Pan American Energy de los Bulgheroni.

Además otros están en etapas previas. Si se ve el mapa de minería de Jujuy, se ve muy gráficamente como toda la Puna jujeña está dividida en porciones de la famosa torta que hizo mención Massa para aludir a la cordillera de los Andes. Con el RIGI ya hay luz verde para las multinacionales mineras y los tiempos se aceleran.

Me parece que las condiciones van a ser mucho más desfavorables en la formalidad, si se trata de derechos indígenas o ambientales, porque se va a dirimir en tribunales exteriores cualquier tipo de judicialización incluso referidos a la defensa de los territorios, como la consulta previa, libre e informada y lo establecido con el convenio 169 de la OIT y lo reconocido por la Constitución Nacional. Me imagino ahí la situación para las comunidades o por el tema del agua. Ni hablar con relación a los bienes comunes ya que el agua va a ser para las mineras, y no para las poblaciones que viven ahí, que tienen sus actividades productivas y su cosmovisión, que van a ser gravemente afectadas.

A un año de la rebelión jujeña, ¿qué saldo ha quedado y cómo se proyecta hacia esta nueva embestida?

Nosotros opinamos que se dio una importante pelea de carácter político contra la reforma, que se pudo enfrentar al régimen político autoritario de Morales y el PJ. Si bien no se pudo tirar abajo la misma, está bastante debilitada. O sea, que no tiene legitimidad y que incluso se puede ver en estos meses cómo el gobierno no puede implementarla, sobre todo en el aspecto si querés más democrático, porque si bien está prohibida la protesta o las acciones en las calles, en las rutas, sin embargo eso se practica y se ejerce ese derecho.

En ese aspecto entendemos que hay un antes y un después de la lucha contra la Reforma. Y que quedó un gobierno debilitado como el de Carlos Sadir, eso también hace a cómo se dio esa pelea. Eso no implica que no se lleven adelante políticas de ajuste, tanto en lo laboral, en lo social, en materia de derechos que no se garanticen y demás. Pero entendemos que no es el mismo gobierno autoritario de Morales.

Ahora, tanto como balance de la Reforma y en la actualidad, vemos que hay una responsabilidad sobre todo del peronismo que dirige las centrales sindicales, la mayoría de los sindicatos. Tanto lo que sucedió en la lucha contra la Reforma, que en el caso del peronismo levantaron la mano y acompañaron la misma; pero después afuera sectores del peronismo que estaban en las calles nunca llamaron, por ejemplo, al paro total para potenciar la pelea que venían dando docentes y las comunidades principalmente. Entonces, vemos que ahí hubo también un rol en ese desvío del proceso. Lo mismo que se hayan generado expectativas en la vía judicial sabiendo que es una Corte Suprema reaccionaria, que está del lado de los poderosos, de los saqueadores y de los gobiernos. Y después también incluso generando expectativas con que la solución venía desde arriba con Alberto Fernández, interviniendo la provincia, lo cual vemos que eso también fue parte del rol que jugó el peronismo, en tratar de sacar de la calle esa pelea muy importante que se estaba dando y desviarla con esas falsas soluciones.

Me parece que también la aprobación de la ley Bases no pasó sin resistencia, pero nuevamente se ve ese rol del peronismo sin convocar al paro nacional ni definir planes de lucha ante un ataque de clase. Nuevamente juega un juego que ya conocemos, en este caso dentro del recinto oponiéndose, pero después no moviendo un dedo para que en el terreno donde se dirime que es en las calles sea limitado; y el gobierno con todo el aparato represivo pueda avanzar como se está denunciando en este momento.

En Jujuy no es muy distinto y consideramos que ahí tiene una responsabilidad. También lo vemos con sectores como el de Juan Grabois y la Cámpora. En Jujuy dimos una importante pelea por la coordinación desde abajo, la puesta en pie de una Asamblea provincial de trabajadores, comunidades y jóvenes como órgano de discusión y toma de decisiones.

¿Podés caracterizar desde los territorios y desde la clase trabajadora cómo afecta concretamente la aplicación del RIGI? Uno de los argumentos que se suelen utilizar es la posibilidad de trabajo, de “desarrollo”, pero ya hemos visto en otras provincias cómo funciona el extractivismo.

Si, el RIGI es para todos los sectores vinculados a la exportación, sobre todo a la exportación de materias primas; por eso, nosotros planteamos que con el RIGI se profundiza una reprimarización de la economía. Se profundiza el extractivismo que tiene determinadas características de saqueo y de destrucción de los territorios, de muchísimo uso de volumen de agua, de forma irracional, de contaminación y donde principalmente lo que saquean, -esas materias primas como puede ser el litio u otros minerales, pero también podríamos pensarlo con relación a la soja, a los hidrocarburos en Vaca Muerta, en los mares u otras producciones agrícolas-, principalmente está destinado a la exportación, ni siquiera se quedan en el país.

Me parece que hay que mencionar que en materia de minería ya existe un RIGI hace 30 años, que es producto de la Ley de Inversiones Mineras que también garantiza todo tipo de facilidades para que saquen los bienes comunes naturales y tengan beneficios fiscales, tributarios, aduaneros, cambiarios, entre otras cosas. Sin embargo, después de 30 años se ha demostrado que todas las promesas de generación de puestos de trabajo han sido bastante limitadas, tanto en Jujuy como en el NOA. En el mejor de los casos cuando se genera ocurre en etapas previas, para la construcción de plantas y con condiciones de trabajo brutales. O sea, trabajadores tercerizados, con flexibilización laboral, sin derechos, hay casos de muertes incluso por esas condiciones en la que viven y que no son garantizados derechos.

Y después en materia de desarrollo me parece también importante dar cuenta de que en los lugares donde hubo megaminería y extractivismo con estas facilidades y leyes de inversiones, ni siquiera esas provincias han dejado de ser pobres. Más bien la pobreza se ha acrecentado y esas poblaciones que incluso tenían otro tipo de actividades productivas que le permitían alimentarse, para el autoconsumo, ni siquiera pueden hacerlo porque se quedan sin agua o las despojan, o sea, todas las condiciones extractivistas hacen que se tengan que ir también de los territorios.

También hay un cuestionamiento por el manejo del agua y respecto al contrato con la empresa Mekorot.

Sí, la relación con el manejo del agua es muy importante porque la actividad extractiva con relación a la minería o incluso al agronegocio utiliza de forma irracional el agua y también la contamina, por todo el uso de sustancias para poder separar el mineral que les interesa, por ejemplo la plata, el plomo o el oro en grandes cantidades de volúmenes que explotan de los cerros. Todos esos desechos, los llamados pasivos ambientales, terminan no solamente en las aguas sino también en el aire. Eso después trae las graves consecuencias que se empiezan a vivir no solamente en el lugar, porque eso después se traslada y puede llegar a otros lugares.

Con relación al agua me parecen muy importantes dos cosas. Con el RIGI es explícito que la prioridad la va a tener el inversor para su proyecto, para que puedan contar con todos los insumos necesarios. Eso incluye el agua, que para nosotros es un bien común, que va a estar por delante de los derechos de la población a poder tener acceso a la misma.

La segunda cuestión es lo de Mekorot, que no casualmente los convenios firmados el año pasado, incluso el acuerdo realizado por el ministro del Interior Wado de Pedro con Israel, abrió la puerta para que se avancen con convenios en las distintas provincias. La provincia de Jujuy es una de las que firmó un convenio en abril de este año, junto con Neuquén y con Chubut, no casualmente también provincias donde avanza el extractivismo y el saqueo, así que hoy por hoy no se conocen los términos del convenio.

Por iniciativa de las bancas del Frente de Izquierda, del PTS, pero también por las denuncias que vienen realizando quienes se manifiestan, por ejemplo cuando hubo reuniones de mesa de agua acá en Jujuy, donde también había integrantes de comunidades indígenas, eso ha permitido que por lo menos en la última sesión de la Legislatura se apruebe un pedido de informes sobre los convenios y la letra chica. Así que vamos a ver qué es lo que responden. No tenemos ningún tipo de expectativa que sea favorable la respuesta, incluso del contenido, más bien que eso permita dar cuenta sobre qué es lo que está detrás de los mismos.

En Río Negro se conoció y es bastante grave, porque esta empresa israelí acusada del apartheid del agua en Palestina y de ser parte del genocidio contra el pueblo palestino, se quedaría con la propiedad intelectual de lo que tiene que ver con el conocimiento de los recursos, de un recurso tan importante, un bien común como es el agua en la provincia, así que entendemos que por ahí vendrá también la información en el caso de Jujuy.

¿Cómo continúa esta pelea?

Por un lado, en el caso del PTS en el Frente de Izquierda venimos participando de la campaña Plurinacional contra el RIGI. Eso nos parece muy importante porque está habiendo una coordinación de todos los espacios y todos los sectores, que son muchísimos en el país, con provincias donde hay tradición de lucha socioambiental, con las experiencias que también tienen las comunidades indígenas, la experiencia jujeña por ejemplo. Se están dando pasos adelante en esa coordinación que se expresa con una campaña con distintas iniciativas que se llevan adelante, que para nosotros creo que es el mejor ejemplo que también podemos tomar en esta pelea contra el RIGI.

Primero para dar cuenta que no es una pelea perdida, que tenemos que apostar a la fuerza desde estos sectores que ya vienen poniéndole el cuerpo pero en unidad con la clase trabajadora, que ocupa ese rol estratégico tan importante, que puede torcer la vara para impedir estas adhesiones. Y ni hablar que para eso es muy necesario que todas las centrales sindicales puedan también tomar en sus manos estas peleas, que incumben a los trabajadores, para que se convoque un plan de lucha, al paro, para impedir la aprobación del RIGI y contra el convenio de Mekorot, contra la Ley Bases.

Es necesario dar cuenta que, a la par que avanza el RIGI, avanzan también las políticas represivas del gobierno nacional, de Patricia Bullrich. De hecho estuvimos denunciando que se está militarizando, de alguna manera se está habilitando a que el Ministerio de Seguridad y sus fuerzas represivas puedan accionar en los territorios, en las puertas de fábricas, si hubiese algún tipo de resistencia ante el avance de estos proyectos extractivistas.

Eso no es casual, porque ya venía pidiéndolo la jefa del Comando Sur, Laura Richardson de los Estados Unidos. Hay una declaración de guerra contra quienes defendemos los derechos de las mayorías.

El agua está en disputa y también los bienes comunes y apuntamos a que organizados, coordinados, teniendo otra salida y otra perspectiva, planteando que no solamente decimos no, sino que planteamos otra salida, a favor de las necesidades sociales de los trabajadores y de las comunidades indígenas, podemos dar pelea.

Por eso proponemos medidas soberanas, antiimperialistas, en defensa de los bienes comunes y recursos estratégicos, tiene que dejar de ser privada la actividad a favor de las multinacionales saqueadoras y pasar a manos de trabajadores y comunidades indígenas, que con el aporte de la comunidad científica se pueda definir qué hacer, cómo, dónde y para qué, poniendo todos los recursos para el agua y los territorios.

Creemos que así como se vio en Jujuy, en Chubut o en Mendoza, si se pelea con fuerza, se puede poner un condicionamiento a esos gobiernos, pero también se puede torcer el brazo que es lo que a nosotros nos interesa porque estaremos en mejores condiciones para dar pelea contra el plan de saqueo de Milei y los gobernadores que están al servicio del FMI.

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