
1 de julio
Este domingo 30 de junio vencieron las renovaciones de los contratos efectuados en marzo por el gobierno nacional, tras una primera tanda de despidos masivos. En ese marco, en estas horas comienzan a conocerse miles de despidos en distintas áreas de la administración nacional, como el INTI, el Senasa, el Hospital Posadas, la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y el INCAA, por solo mencionar algunas dependencias.
Se trata de «otra barrida y otra limpieza» en la planta de trabajadoras y trabajadores estatales, tal como adelantó el viernes pasado el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien, además, adelantó que quienes mantienen sus lugares lo harán «por un tiempo determinado».
En este marco, otras de las áreas afectadas serán la Secretaría de Derechos Humanos y los Espacios para la Memoria, por lo que trabajadoras y trabajadores de ambas áreas convocan a «todas las organizaciones sociales, políticas, sindicales y asambleas barriales a rodearnos de solidaridad frente a los despidos y el vaciamiento de las políticas públicas de memoria«, este lunes 1 de julio a las 10.30 frente a la sede de la Ex ESMA (Avenida Libertador 8151, CABA) y luego a un acto que realizarán a las 16 en el Salón San Martin de la Legislatura porteña (Perú 160).
En un comunicado conjunto, al cual se puede adherir aquí, expresan su «profunda preocupación por la no renovación de los contratos de trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el sostenimiento de los Espacios para la Memoria, memoriales reconocidos internacionalmente».
«Los trabajadores y trabajadoras que dependen de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina, están en peligro. Y junto con ellos los Espacios para la Memoria. Los despidos y el desfinanciamiento constituyen un riesgo para la Memoria, la Verdad y la Justicia, materializadas en estos lugares que funcionaron como Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Extermino durante la última dictadura cívico militar, donde fueron vistas con vida por última vez miles de personas detenidas desaparecidas. Los sitios y su trabajo se enmarcan en la Ley de Sitios 26.691, en los Principios para los Sitios de Memoria de la CIDH, así como también poseen diversas declaraciones patrimoniales y judiciales siendo éstos prueba material de los delitos de lesa humanidad que allí se cometieron», señalan.
En la misma línea, agregan: «las y los trabajadores de las áreas de conservación y patrimonio, educación, investigación, mantenimiento, arqueología, cultura y comunicación, se especializan y comparten sus saberes con otros Espacios para la Memoria de todo el país, de Latinoamérica y el mundo. Cada una de ellas y ellos son indispensables en sus funciones, ya que son quiénes sostienen y desarrollan las políticas de memoria y derechos humanos que, en nuestro país, están reconocidas por leyes y tratados nacionales e internacionales. Las y los contratados bajo la modalidad de Artículo 9 de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación corren peligro de que sus contratos no sean renovados. Por su parte, el 90% de la planta de trabajadores de los Espacios para la Memoria está en riesgo, atentando contra el funcionamiento de los mismos y pudiendo producir su cierre«, alertan.
En tanto, el martes 2 la Junta interna de ATE movilizará por el mismo motivo frente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Sarmiento 329, CABA): «frente a los despidos informados en la Secretaría de Derechos Humanos, les pedimos que nos acompañen a defender las políticas públicas que llevamos adelante. Sin trabajadores no hay política posible. Entendemos estos despidos, por las áreas que afectan, como el comienzo del desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos y de las políticas de derechos humanos que este pueblo consensuó hace muchos años. No vamos a retroceder ni un paso. Las políticas que se llevan adelante en la Secretaría son el resultado de décadas de lucha del movimiento de derechos humanos y de la sociedad. Les pedimos que nos acompañen», finaliza la convocatoria.
Lejos de ser paranoia, la advertencia del desmantelamiento de las políticas de derechos humanos también comenzó a hacerse palpable con el DNU firmado por Javier Milei que dispone la eliminación de la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado, que funcionaba desde el 2004.
ANRed.