Cinco Siglos Igual: Arsénico en agua, deforestación e imposición cultural, pobreza estructural en el Norte

Mitad blancos y mitad amarillos: el arsénico que tiene el agua de Rivadavia Banda Sur deja su huella en los dientes de Juan, un niño de la comunidad wichí La Misión; le tiñe el pelo; le carcome por dentro. Es una sonrisa manchada de por vida por la desigualdad. En los mayores la dentadura está más deteriorada.

En el techo de una casita de Santa Victoria Este se ve una antena. Es un invento de un referente wichi, quien utilizó el aluminio de una llanta de bicicleta para obtener señal en su teléfono fijo. Fue gracias a esa antena que pudo, años atrás, guiar a un helicóptero del Gobierno de la Provincia que no hallaba un paraje al que debía arribar para asistir un caso de urgencia sanitaria.

Las historias grafican la pobreza estructural que se vive en el interior y que por estas horas ocupan la agenda social, política y mediática tras la seguidilla de muertes de niños en el Chaco Salteño, que ya suman 6 en lo que va del año. Ante esta situación, la Provincia declaró la emergencia sociosanitaria por 180 días en los departamentos Orán, Rivadavia y General San Martín como resolución de una reunión multisectorial realizada ayer en Casa de Gobierno.

La cuestión del agua como derecho
El Informe Mundial de Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2019, titulado “No dejar a nadie atrás” como lema de la Agenda 2030, analiza pormenorizadamente el acceso al agua de la población mundial segmentada geográficamente, la incidencia de dicho recurso en el proceso de cambio climático, el rol estatal en la realización de obras de infraestructura; y sugiere un despliegue de medidas tendientes a comprender el uso del agua no sólo de forma doméstica sino también como un factor clave en la producción agrícola rural y en el desarrollo socioeconómico de las poblaciones, entre otras cuestiones, todas ellas relacionadas a la disminución de la pobreza y la desigualdad.

“Los pueblos indígenas constituyen un número enorme de los pobres del mundo y representan un tercio de los pobres rurales extremos”, señala la UNESCO en un extenso trabajo en el que rememoran los compromisos internacionales asumidos por los Estados parte, entre ellos Argentina, para garantizar el derecho humano de acceso al agua potable y saneamiento. Son los derechos de Juan, familia y amigos (como también de las familias criollas de la zona) que han sido vulnerados históricamente y que parece ser que en un cercano futuro podrán ejercer. Eso si se cumplen las promesas asumidas públicamente por la administración local y el gobierno federal.

La situación en el Chaco Salteño combina la falta de infraestructura y la peligrosidad geoquímica del recurso (presencia de arsénico). El equipo a cargo de Jorge Stripeikis, director del Departamento de Ingeniería Química del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, realizó un mapa colaborativo de contaminación del agua con arsénico en el cual señalan ciudades o áreas rurales donde el nivel supera lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud para prevenir el hidroarsenicismo.

Si bien en las muestras enviadas y analizadas son los departamentos Anta y San Carlos los más perjudicados por la presencia de arsénico en el agua- ya que superan el nivel sugerido por la OMS-, en localidades como Pichanal o Santa Victoria Este (muestra tomada en 2011 en el Río Pilcomayo) superan los 10 mcg/l tolerado.

No obstante ello, la falta de información disponible da cuenta de la necesidad de profundizar el análisis y actualizar los que ya fueron hechos en ciertas localidades. Esto permitirá que los pozos que se lleven a cabo en un futuro tengan en cuenta esta problemática y los lleven a cabo a una profundidad en la que se disminuya el componente; o más bien se complemente con sistemas de purificación/potabilización.

Modelos productivos
La voracidad de empresas con intereses en el rubro agrícola y afines- químicas, por caso- ha provocado el avance de la frontera de explotación de uso privado sobre aquellas de uso colectivo de las comunidades indígenas. La expansión de estas actividades por medio de la privatización y la deforestación obligó a que numerosas familias emigraran a los centros urbanos en busca de ingresos que les permitieran sobrevivir. De hecho, muchos han sido los casos de comunidades desplazadas por empresarios insaciables que colocaron su dinero en tierras del norte del país para maximizar ganancias, luego, con rebajas impositivas.

Es así que, con el correr de los años, el modelo basado en la exportación de materia prima ganó terreno en el plano local, principalmente durante la década de los noventa. El monte chaqueño se fue deteriorando al compás de la vida ancestral y las ganancias por la venta de commodities en los mercados internacionales no derramaron en el resto de la población, lo que dejó un tendal de desocupados. Fue el triunfo de modelos económicos liberales cuyos fines ponderan los beneficios de unos pocos a costa del hambre de muchos.

La reprimarización de la economía viene siendo cuestionada por distintos motivos, entre ellos el daño que provoca al medioambiente- principalmente por aquéllos basados en el extractivismo de recursos naturales- y a las economías rurales. Expertos aseguran que es necesario construir un modelo sustentable desde los aspectos ambientales, económicos, culturales y sociales.

“La deforestación del Chaco Salteño 2004-2015” (3), un informe elaborado por Andrés Leake, Omar Enrique López y María Cecilia Leake para la Fundación Refugio en base a la convocatoria de audiencias públicas, señaló que la superficie deforestada a causa de proyectos para el cambio del uso del suelo (PCUS) alcanzó a 1.252.978 hectáreas de las cuales un 36% se concentró en Anta, un 24% en San Martín y un 20% en Rivadavia.

A su vez, el cambio climático que sufre el planeta desemboca en la no previsibilidad de fenómenos climatológicos o más bien en los fuertes cambios que se dan año tras año. Por ejemplo, la crecida de un río puede llegar antes de sus tiempos históricos o las sequías se pueden extender por tiempos indefinidos respecto a períodos anteriores. Esto último es lo que sucede en numerosos parajes del departamento San Martín, donde los originarios y criollos mantienen un duro reclamo por las consecuencias que acarrea en su salud y en su economía tras las muertes de animales.

En agenda
La dramática situación del interior salteño derivó en una reunión multisectorial convocada por el Gobierno, de la que participaron legisladores nacionales y provinciales, intendentes, referentes sociales y autoridades de las Universidades locales. Faltó la presencia de organismos representativos de las comunidades indígenas, a excepción del intendente de SVE, Rogelio Nerón, primer intendente wichi. La resolución fue declarar la Emergencia sociosanitaria por 180 días y facultar al Ejecutivo la reasignación de fondos para desplegar medidas que puedan asistir a los sectores más vulnerables del interior. “Vamos a dirigir nuestros mayores esfuerzos para asistir de manera inmediata a los sectores más vulnerables con medidas y acciones prioritarias, en búsqueda de soluciones superadores que permanezcan en el tiempo”, sostuvo el gobernador Gustavo Sáenz.

Se presume que la iniciativa de futuro tiene que ver con la realización de obras de infraestructura hídrica que lleve agua potable a los pobladores del Chaco Salteño. Esto fue adelantado días atrás por el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, y de su par local, Sergio Camacho, quienes analizaron el futuro despliegue de medidas a ejecutar en la provincia. De hecho, esto es un punto de sugerencia por parte de la ONU en el citado informe, donde sostienen: “El riego puede contribuir a la reducción de la pobreza al aumentar la productividad laboral y de la tierra, y conduciendo a mayores ingresos y menores precios de los alimentos”.

Pero hablar de pobreza estructural implica también que se debe tener en cuenta el estado de los caminos ya que las intensas lluvias en épocas estivales los convierten intransitable y como consecuencia es imposible llegar a ciertas comunidades. Existen ejemplos concretos en los que las ambulancias no han podido acudir a un paciente por cuestiones de accesibilidad.

De igual forma opera la necesidad de entretejer la comunicación móvil: el acceso a internet debe ser una política de estado. Es una arista más entre tantas que subyacen en la desigualdad latente en el norte profundo.

Interculturalidad
Los organismos estatales deben diseñar, planificar y ejecutar un mix de políticas públicas que tengan en cuenta lo mencionado previamente, pero sin olvidar los factores culturales y la necesaria sensibilidad social. Es sabido que miembros de las comunidades indígenas han tenido problemas de comunicación con profesionales de la salud y funcionarios por no contar con personas bilingües. Por ejemplo, el caso de Agentes Sanitarios.

Como contraparte, cabe destacar que cada vez son más los originarios que ingresan y egresan en la Educación Superior y luego demandan puestos laborales en la órbita pública para abocarse en la mejora de la vida de sus hermanos originarios. Sin embargo, existen trabas burocráticas que obstaculizan un proceso de comprensión necesario para atender las necesidades latentes que bien conocen quienes las padecen y que muchas veces al criollismo estatal le cuesta entender.

Por último, cabe decir que las acciones se llevarán a cabo mancomunadamente con la cartera de Desarrollo Social de la Nación, que definió el envío de 40 mil módulos alimentarios complementarios al programa de la Tarjeta AlimentAR.

Fuente: buufosalta.com