El ajuste ya empezó

Muchas familias tuvieron como único o principal recurso el IFE. Fueron $ 30.000 entregados por el Estado, un promedio mensual de $ 3.750. No habrá un cuarto IFE. Tampoco continuará el plan ATP, destinado a cubrir salarios en empresas golpeadas por la cuarentena.

El gobierno reemplazará el IFE por medidas focalizadas. La principal erogación estatal destinada a ayuda social el último mes del año será la duplicación del monto disponible en la tarjeta Alimentar que llega a 1,5 millones de familias, unos 9 millones de niños. También Anses prepara un bono de fin de año. Otras medidas serán la duplicación de la AUH por un mes, el Repro de 9.000 pesos por trabajador por bimestre, el Plan Potenciar Trabajo, el fortalecimiento del paquete de turismo, préstamos a empresas que recibían el ATP y el ATP7 para sectores todavía inhabilitados para funcionar (gastronomía, clubes, transporte de larga distancia).

La idea es bajar subsidios (energéticos, al transporte de pasajeros del área metropolitana + IFE + ATP + Plan Alimentario + préstamos a pymes). De todos modos, el gesto principal hacia el FMI es que el déficit primario del año que viene (4,5% del PBI), se podría reducir entre siete décimas y un punto ($ 300.000 millones). A cambio el ministro Guzmán buscará postergar los vencimientos de capital hasta 2025, solicitando un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF), por 10 años de extensión y un período de gracia de cuatros años y medio antes de comenzar a pagar el capital.

Paralelamente, el Indec publicó que la inflación en octubre fue la más alta del año: 3,8%, con una fuerte injerencia del rubro Alimentos (4,2%), en especial los básicos, como frutas, verduras, pollo, arroz, yerba y pan; y 6,2% en indumentaria y calzado. Además a partir de diciembre comenzará a haber subas en servicios básicos, combustibles y prepagas.

Isaac Rudnik, director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI), dio su punto de vista: “Vemos con preocupación que hay una serie de medidas que perjudican a los sectores más vulnerables. Desde hace varios meses el motor de la inflación han vuelto a ser los alimentos. Eso se traslada a los sectores más vulnerables. El direccionamiento de los anuncios van en un sentido de ajuste que va a recaer sobre los sectores de menores ingresos”, con lo cual “la pobreza empeorará y para los próximos dos años se va a estabilizar en el orden del 35%”.

Hernán Letcher, titular del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), opinó: “Hay una situación crítica en términos sociales. El gobierno pensó el IFE por única vez para 3,6 millones de personas. Terminaron siendo 9 millones, el triple. Esto demuestra que hay una necesidad. El nivel de pobreza y la demanda del IFE así lo expresan”.

Por su parte, Sergio Chouza, economista de la Universidad de Avellaneda agregó: “Hay que ver qué pasa con los alimentos; sobre todo, los frescos y frutas y verduras, que tuvieron una variación interanual del 70%”.

Sorpresivamente, la CGT expresó su preocupación por las medidas económicas del gobierno y advirtió que ponen en riesgo el esfuerzo hecho durante la pandemia por el Estado, los trabajadores, los beneficiarios de planes y por las propias empresas.

Sobre el levantamiento del IFE y del ATP aseguró: “Nos preocupa porque no hemos salido de la situación de crisis. Hay mucho cuidado con todas estas medidas, porque hay una franja que todavía necesita ayuda estatal”, y sugirió que la discontinuación de esas políticas podría haberse compensado con un aporte solidario, en alusión al impuesto a las grandes fortunas. Incluso apuntó a las empresas por las paritarias, que definió como “ajustadas”.

Incluso Andrés Rodríguez, titular de UPCN, que avaló el miserable aumento del 7% a los trabajadores estatales, habló de “ajuste” y no descartó medidas de fuerza. Declaró que “no es el momento de aplicar todas estas cuestiones de ajuste y menos de manera unilateral. El gobierno tendría que haber convocado”.

Remarcó que la pandemia sigue siendo una realidad que muestra a muchos sectores de la economía todavía detenidos por causa de la emergencia sanitaria y apuntó que “no es posible desarmar el andamiaje social y económico construido con tanto esfuerzo y garantizar que el cambio de fórmula de actualización jubilatoria no perjudique a los beneficiarios del sistema previsional”.

La nueva fórmula de movilidad jubilatoria divide a los especialistas

Los futuros aumentos de las jubilaciones se otorgarán cada 6 meses, en marzo y setiembre, en base a índices que tomarán en cuenta la recaudación y los salarios registrados entre 3 y 9 meses antes. Y sin la garantía de que los aumentos no serán inferiores a la inflación.

Así, en nombre de “la sustentabilidad del sistema”, las jubilaciones y pensiones pasan a ser una de las variables del “ajuste” fiscal y previsional.

Sin embargo, la sustentabilidad del sistema depende de muchas variables como, por ejemplo, el combate contra la evasión impositiva y previsional o el nivel de las contribuciones patronales, que se han ido deteriorando, en especial en los últimos años.

Además, al espaciar de 3 a 6 meses, en base a los semestres calendarios anteriores, los haberes jubilatorios corren el riesgo de quedar más rezagados frente a la inflación.

Christian D’Alessandro, abogado especializado en sistema previsional y ex asesor de Vilma Ibarra, señaló que “es sustancialmente la misma a la sancionada en 2008”. Y agregó: “la nueva ley de movilidad permitirá a los jubilados que ganen en épocas de bonanza pero, si la inflación se dispara, pierden por goleada”.

Por su lado, el economista Alvarez Agis, vice ministro de Economía en la gestión de Axel Kicillof, elaboró un simulador a partir del cual reconoce que la fórmula no resultará más beneficiosa en el primer período aunque sí lo será a largo plazo.

Sin embargo, se omite que el haber sufrió dos fuertes quitas en los últimos años. Eugenio Semino, titular de la Defensoría de la Tercera Edad, señaló que: “el debate de la fórmula de la ley de movilidad es secundario y falaz. El problema es la recomposición del haber. El mínimo está en $ 18.000, mientras que el medio está en $ 26.000. La canasta del sector supera los $ 45.000”.

Y destacó: “les afanaron 6 puntos en el empalme de diciembre 2017, 20 puntos más se perdieron entre 2017 y 2019, y otros 15 puntos promedio ahora. La gran deuda del sistema político es recomponer estos 40 puntos”.

Para Claudio Lozano, director del Banco Nación, “resulta insólito que una economía inflacionaria como la de Argentina no incluya en una fórmula de movilidad de las jubilaciones y prestaciones sociales la cuestión central: un piso equivalente al aumento de la inflación”.

Y agrega: “el objetivo de la fórmula de movilidad por lo menos debe ser mantener el poder adquisitivo de los haberes, máxime cuando los jubilados perdieron un 23% en el período de gobierno de Mauricio Macri y no han recuperado ese deterioro desde la asunción del nuevo gobierno”.

De tal manera, dice Lozano, “estamos frente a una fórmula que privilegia el sostenimiento de las cuentas fiscales antes que el poder adquisitivo de los haberes jubilatorios. La razón es simple. Está pensada en clave de FMI antes que en función de las necesidades que hoy exhiben la mayoría de nuestros jubilados. Es imprescindible corregir esta fórmula y estamos a tiempo. Hay que incorporar una cláusula que establezca un piso para los aumentos equivalente a la suba de precios. Es decir, el resultado de la fórmula nunca podrá ser inferior al aumento de la inflación. A la vez, mientras los niveles inflacionarios sean los vigentes habría que mantener el sistema de actualización trimestral”.

Al mismo tiempo, Lozano admitió que “el sistema está desfinanciado y que hay que discutir cómo se lo financia. Pero es evidente también que eso no lo resuelve la movilidad. La relación del haber con los salarios y la discusión sobre el financiamiento deben ser abordadas en profundidad en el marco de una profunda reforma previsional”.

Mientras tanto, Juntos por el Cambio adelantó que no acompañará la fórmula previsional anunciada por el oficialismo y presentará un dictamen en minoría.

Con el último aumento de setiembre, en los últimos tres años, las jubilaciones y pensiones mínimas tuvieron una pérdida del 14,8% y las más altas un retroceso del 21,8%. Las pérdidas afectaron a casi seis millones de beneficiarios de este tipo de haberes, así como 1,6 millones de pensiones no contributivas y otros 170.000 de beneficios de adulto mayor.

En una contundente señal de ajuste, mientras organizaciones de jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas se manifestaban al costado del Congreso Nacional por el reconocimiento de sus derechos previsionales, el gobierno de Alberto Fernández anunció el miércoles un pobre aumento para jubilaciones y pensiones de apenas un 5%, que lleva el haber mínimo a $19.000, muy lejos de la canasta para las personas adultas mayores, estimada en $49.000. El paupérrimo aumento representa, concretamente, $30 diarios para los haberes mínimos de diciembre.

En respuesta a la medida oficial, desde la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados plantean que el cálculo debe darse “a partir de un haber mínimo que cubra una canasta básica para jubiladas y jubilados, aportantes durante toda la vida en el proceso productivo de una parte de su salario o ingreso, para recibir al jubilarse un sustituto de ese salario o ingreso que permita vivir esa etapa de la vida en condiciones de autonomía y dignidad”. Asimismo, sostienen que los fondos deben provenir “de los impuestos especiales a las grandes ganancias de las empresas monopólicas y de las riquezas de los multimillonarios, producidas por la explotación de la clase trabajadora”.

En la misma línea, para los jubilados y jubiladas de la CTA Autónoma, los fondos deberían surgir de establecer sistemas de seguridad social “financiados con el salario de los trabajadores activos (aportes y contribuciones) y respaldados por una política social y fiscal progresiva y redistributiva, de los que más tienen respecto de los que menos tienen”, porque consideran que ese “es el fundamento de un Estado de derecho democrático y social”.

Mientras en las altas cúpulas gubernamentales se decidía y anunciaba la medida de ajuste sobre los y las jubiladas, en las afueras del Congreso Nacional, sobre la Avenida Rivadavia, concentraban y realizaban un acto de repudio jubilados y jubiladas nucleados en la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la República Argentina de la CTA, Jubilados de la CTA Autónoma, el Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE, Jubilados de la CTA Almirante Brown, del Plenario de Trabajadores Jubilados y Jubilados F.O.R.A.

De la protesta frente al Congreso Nacional también participó el Defensor dela Tercera Edad Eugenio Semino.

Desde la Mesa Coordinadora Nacional expresaron nuevamente que la nueva fórmula que propone el Gobierno “es un nuevo ajuste impuesto por el Fondo Monetario Internacional para la implementación y renegociación de la ilegítima, fraudulenta y odiosa deuda externa. Sin un aumento de emergencia en todas las escalas y ninguna jubilación y pensión inferiores a la canasta básica de un adulto mayor, de $49600, se agravarán, aún más, la situación del 70% de jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas, cuyos haberes están por debajo del valor de la misma, y la pérdida del poder adquisitivo en todas las escalas jubilatorias”, remarcaron en la lectura del habitual comunicado de las concentraciones de los miércoles frente al Congreso Nacional.

Desde el micrófono, las organizaciones presentes remarcaron que “la jubilación es un derecho logrado por la lucha del conjunto de los trabajadores“, reclamaron por la “restitución del PAMI a sus legítimos administradores: los jubilados y los pensionados” y exigieron el “control por parte de los jubilados de los fondos de la ANSES”.

Precios

El aumento en el precio de la carne que se estima entre 10% y 20%, tiene un impacto fuerte en el bolsillo de los consumidores. En principio se trata de un alimento esencial en la dieta alimenticia de los argentinos. El rubro “carnes” pesa en el Indice de Precios al Consumidor (IPC) un 8,9% a nivel nacional. Esto significa que una suba del 10% en el precio de los cortes sumaría 0,89% a la inflación del mes. Si la suba fuera del 20% el impacto sumaría 1,78 puntos porcentuales al indicador de los precios.

Hasta octubre, la inflación llegó a 37,2% a nivel interanual, mientras que los alimentos y bebidas treparon hasta el 43,9%. Así las cosas, en octubre, las canastas básicas de alimentos treparon al 6,6% y la general al 5,7%, según el INDEC. Por tal motivo, un matrimonio con dos hijos menores necesitó en octubre ingresos superiores a $ 49.911,60 para no ser pobre. Y con más de $ 20.710,20 para no ser indigente.

La canasta de indigencia acumula un aumento del 45,8%, muy por encima de la inflación interanual del INDEC (37,2%), lo cual confirma que la inflación golpea más a los sectores más pobres. La canasta de indigencia se compone de los alimentos básicos que más subieron de precio en octubre: papa (34,2%), manzana (31,6%), naranja (12,6%), batata (11,1%), aceite de girasol (8,8%), pollo (8,5%), yerba (5,1%), galletitas de agua (4%), pan francés (3,8%) y asado (3,6%).

En tanto, la canasta básica total o de pobreza aumentó el 5,7%. Incluye además de alimentos, vestimenta, transporte, servicios, y en vivienda promedia lo que gastan propietarios e inquilinos. Para quienes alquilan supera $ 65.000 y acumula en 12 meses un alza del 40%.

Hacia adelante el panorama inflacionario es para nada alentador. Este mes se suspendieron los precios máximos de un conjunto de alimentos y artículos de limpieza y tocador, se espera otro incremento en el precio de los combustibles y de los valores de los alquileres.

En octubre, las ventas en los supermercados, autoservicios y almacenes continuaron sin recuperarse. La caída promedió el 2%, según los datos de la consultora Scentia.

Diego, el sindicalista (In memoriam)

El 28 de septiembre de 1995 el rebelde del fútbol fundó en París, junto a destacados jugadores como Eric Cantoná y George Weah, la Asociación Internacional de Futbolistas Profesionales (AIFP), del sindicato también formaron parte Ciro Ferrara, Gianfranco Zola, Gianluca Vialli, Hristo Stoichov, Laurent Blanc, Michael Preud’Homme, Rai, Thomas Brolin, entre otros. Diego fue elegido presidente y Cantoná vicepresidente.

«El jugador de fútbol es lo más importante y vamos a defender sus reivindicaciones hasta la muerte», dijo Maradona sin pelos en la lengua al presidir una de las reuniones de la AIFP. El «10» estaba enfrentado con la cúpula de la FIFA y, fiel a su origen popular, buscó apoyo entre sus pares. Los jugadores profesionales frente a los capitales monstruosos que metían la cuña en el negocio del fútbol eran vulnerables, meras piezas lujosas de la empresa deportiva, que los usaba y los desechaba a su antojo. Diego buscó equilibrar la balanza.

Uno de los logros más importantes de la asociación fue conseguir el apoyo del belga Jean Bosman, quien consiguió derrotar a la poderosa UEFA ante los tribunales, determinando la apertura de las ligas de la Unión Europea para los jugadores comunitarios. Su reclamo se conoce como la «Ley Bosman» y permitió el libre traspaso, sin indemnizaciones ni cupos extranjeros, de los jugadores profesionales comunitarios de las ligas de la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA).

El sindicato planteaba que los jugadores debían recibir un porcentaje de los millonarios contratos televisivos, que los horarios de los partidos no podían ser al mediodía, porque afectaban el rendimiento físico y la salud. Se declaró también en contra de los grandes capitales volcados a comprar las licencias de los clubes.

Estas iniciativas no prosperaron en su momento pero sentaron un precedente. «Los futbolistas somos gente demasiado individualista, tenemos mucho que aprender para que esto tire hacia adelante», dijo el brasileño Sócrates tras aquel fracaso.

Ya entrado el siglo XXI, con jugadores multimillonarios con contratos poderosos, las normas de la FIFA se hicieron más flexibles sobre las transferencias al punto que dependen de la voluntad del futbolista.

Entrevista a Francisco Rabini del SiPreBA, Fe de erratas, 25/11/2020, FM La Boca (90.1): «No queremos más salarios por debajo de la canasta básica»

M.H.: Mañana habrá una jornada histórica, la convocatoria como parte del plan de lucha nacional de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), el Sindicato de prensa de Buenos Aires (SiPreBA), anuncia una jornada de paro de 24 horas en reclamo de una recomposición salarial que alcance la canasta básica. ¿Cuáles van a ser los alcances de esta medida?

F.R.: Estamos en una situación muy crítica en cuanto a lo salarial, hemos agotado instancias de diálogo e intentos infructuosos de negociación, así que vamos por la herramienta más tradicional que tenemos los trabajadores que es el paro general, un paro de 24 horas que se va a cumplir en las principales redacciones de la Ciudad de Buenos Aires y que la Fatpren también lo toma como una jornada de lucha en el resto del país.

M.H.: ¿Cuáles son las consignas centrales de esta medida de fuerza?

F.R.: La principal es la que dijiste vos, no queremos más salarios por debajo de la canasta básica, queremos al SiPreBA negociando paritarias, nosotros tenemos la cuestión que el gremio que representa el 99% de los trabajadores periodistas de la Ciudad de Buenos Aires no está en las paritarias, con lo cual los empresarios negocian una paritaria ficticia y hace 7 años tiene el triste récord de ser la peor paritaria del país.

M.H.: Te estas refiriendo a la UTPBA .

F.R.: Así es, un sindicato que quedó vaciado y deslegitimado pero que por esta ley argentina del unicato, se sienta a negociar los sueldos de los trabajadores que no representa.

M.H.: No los representa no solamente institucionalmente sino tampoco en la cantidad de afiliados.

F.R.: No sólo no tiene afiliados, si vas a una redacción y preguntás quiénes son, no los conoce nadie, ni de nombre. Justamente cuando negociás una paritaria y no tenés que ir a refrendarla a una asamblea ni rendirle cuentas a nadie, firmás cualquier cosa.

M.H.: Algunas situaciones particulares, el caso de Página 12, Perfil, estos multimedios que se están financiando con el salario de sus trabajadores.

F.R.: La situación en ese sentido es bastante escandalosa. Los compañeros de Perfil todavía no cobraron el aguinaldo de junio. Mientras el multimedio lanza radios y canales de televisión.

M.H.: Lo mismo que el grupo Octubre respecto de Página 12.

F.R.: Claro, un grupo que se expande, ahora tomó control de Canal 9.

M.H.: Y de radio Aspen.

F.R.: Exactamente. Siguen haciendo inversiones, lo mínimo que se podría esperar es que por lo menos se paguen los salarios. Los compañeros de Página 12 vienen en una lucha desde hace varios años y en el caso de ellos es todavía más indignante, porque quien dirige el grupo Octubre es un sindicalista/empresario, que no cumple las cosas mínimas. El año pasado no pagaba la paritaria porque el Ministerio no la homologaba. El sindicalismo pelea contra eso. Ya anunció que no va a pagar la paritaria, una paritaria de hambre, ni siquiera la va a pagar hasta que el ministerio de Trabajo no se digne a homologarla. Estamos hablando de que tenemos compañeros con verdaderas dificultades para costear los gastos mínimos, y hablamos de los medios más grandes, sin hablar del resto de los trabajadores de medios más chicos del resto del país. La verdad es que la situación de los trabajadores de prensa es crítica. Nosotros en ese sentido siempre pugnamos por una Ley de emergencia laboral, porque creemos que no hay actividad en el país que haya perdido la cantidad de puestos de trabajo que perdió la nuestra.

M.H.: ¿Y Clarín?

F.R.: Más de lo mismo. Hace poco el grupo Clarín repartió utilidades, cientos de millones de dólares para los accionistas, mientras a los trabajadores del diario, la empresa madre del grupo, de donde sale la plata para pagar todo el resto, nos pagan salarios por debajo de la canasta básica. Nos deben recategorizaciones. Sabemos cómo se trabaja en nuestro medio, te dan responsabilidades, no te dan la plata correspondiente y la gente espera años y años por un cargo. Todo se maneja así, nos tratan como patrones de estancia y creemos que hemos llegado a un punto de quiebre y que los compañeros van a responder de manera contundente en el paro de mañana.

M.H.: Ayer justamente cerraba uno de mis programas impactado por la lectura que hice del caso Papel Prensa, de un pequeño librito que sacó Miradas al Sur hace unos años, y todavía no me puedo explicar cómo tipos como Magnetto y Aranda no están presos desde hace treinta años.

F.R.: Y usufructúan de ese monopolio.

M.H.: Esperemos que mañana sea un gran paro de los trabajadores de prensa, porque el SiPreBA es uno de los sindicatos más representativos de nuestro país.

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires había anunciado una jornada de lucha para el jueves 26 pero ante el fallecimiento de Diego Maradona y el masivo funeral de despedida que se espera, con el hashtag #SoloPorDiego decidieron reprogramarlo para el jueves 3 de diciembre.

El líder del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta Horizontal (SUTERH), Víctor Santa María, había difundido que engrosó el Grupo Octubre. Lanzó el canal IP e iba camino a absorber a Canal 9 y a FM Aspen, pero la Justicia estadounidense impugnó la compra.

El mexicano nacionalizado estadounidense Remigio González González, alias «El Fantasma», impugnó la operación. «Fantasma» disputa la propiedad con Lorefice Lynch, socio de Santa María tanto en el 9 como en el flamante canal de noticias de cable IP.

En julio, la jueza Morgan T. Zurn del Tribunal de Cancillería de Delaware, donde las firmas en disputa están radicadas, determinó que «El Fantasma» González es el verdadero propietario de Canal 9 y que Lorefice Lynch no es dueño de ninguna porción del paquete accionario.

Aparentemente, Santa María le compró a Lorefice algo que no podía vender porque no le pertenecía. Habrá que ver cómo sigue la disputa en los tribunales estadounidenses.

El grupo de medios está bajo el control de Santa María el líder del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta Horizontal (SUTERH), además es presidente del Partido Justicialista (PJ) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tiene varios hombres de confianza en el Gobierno Nacional. Los casos más conocidos son el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y el secretario de Medios que maneja una importante caja publicitaria, Francisco «Pancho» Meritello.

Paro en todas las radios nacionales del país

La Asamblea General de trabajadores de Radios Nacionales de todo el país resolvió la medida de fuerza para reclamar por «una urgente recomposición salarial», pase a planta y que no haya básicos por debajo de la línea de pobreza.

Los trabajadores de Radio Nacional Buenos Aires iniciaron el jueves a las 20:00 un paro general de actividades por 24 horas. La protesta se dio en el marco de una jornada nacional de lucha que comprende a todas las radios dependientes de RTA SE.

Así lo resolvió una masiva asamblea general virtual. «Los trabajadores hemos tomado esta determinación ante el incumplimiento del acta de compromiso de discusión del segundo tramo de la paritaria 2019/2020 y ante la insuficiente propuesta de recomposición salarial presentada por las autoridades de la empresa que además, no contempla retroactivo alguno.», explicaron en un comunicado.

En el mismo reclaman por la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios fue de más del 50 % tras 11 meses sin paritaria y también exigen el pase a planta de todos los compañeros precarizados.

La exigencia más urgente es que no quede ningún salario básico por debajo de la línea de pobreza, que hoy se encuentra en 50.000 pesos.

400.000 empleadas de casas particulares perdieron su trabajo durante la cuarentena

Según un estudio elaborado por la Unión de Trabajadores Domésticos y Afines (UTDA), una de las doce entidades que las agrupa y participan del Consejo de Casas Particulares da cuenta del despido de 367.500 empleadas. La inmensa mayoría de esas bajas se produjeron sobre la base de inducir renuncias reteniendo haberes durante la cuarentena y abonándolos todos juntos a modo de indemnización. Otra parte surge de aquellos casos (6,6%) que asegura haber sido abandonada por sus patrones que dejaron de depositarle el sueldo sin comunicación alguna.

Solo se conoce un caso, la reinstalación de Nadia Yvern, lograda por el estudio Abogades en Cooperativa. Continúa el estudio señalando que “el 53,9% percibió su salario de manera íntegra durante la cuarentena mientras que el 22,6% no recibió remuneración alguna y el 23,5% recibió parte de su salario habitual”. También hay casos donde los patrones descontaron el 25% en nombre del acuerdo CGT-UIA o por el cobro del IFE.

El salario de la categoría inicial se encuentra congelado en $ 17.785 desde mayo, por debajo de los $ 18.792 que marca la línea de indigencia.

Del estudio surge que al inicio de la cuarentena el 22,9% percibía una remuneración mensual inferior a $ 10.000, el 25,1% por debajo de $ 15.000 y el 36,1% inferior a $ 20.000.

Muchos despidos fueron a trabajadores que se negaron a violar la prohibición de trabajar. El 17,2% de las trabajadoras asegura haber sido víctima de fraude laboral consistente en “la modificación de la categoría a la de cuidado de personas” para eludir las restricciones.

El 47,2% declara haber tenido que trabajar durante la ASPO. Un 27,7% en forma obligada. El porcentaje se aproxima al 53,9% que perciben su salario en tiempo y forma.

La problemática tomó estado público por dos movilizaciones que impulsó la Agrupación de Trabajadoras de Casas Particulares en Lucha al ministerio de Trabajo el 2 y 16 de setiembre, pidiendo un aumento del 100%, la prohibición de los despidos y un seguro de $ 30.000 a las desocupadas.

“Necesitamos un Convenio colectivo y derechos legales (estamos en un fuero especial y no en el laboral). Hay compañeras que el empleador les dio como pagado el sueldo con el IFE, otras están siendo obligadas a ir a trabajar siendo personas de riesgo, y a otras las obligan a quedarse en la casa del empleador bajo amenaza de perder el trabajo”, explica María del Carmen Díaz, dirigente del agrupamiento.

Además, resignaron desde agosto del 2019 cerca del 14% de su poder adquisitivo. Más de un 22% en los últimos dos años.

El 25 de noviembre convocarán a la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares, organismo integrado por una docena de representaciones gremiales, dos patronales y el Estado que cuenta con poder de decisión ya que acumula la mitad de los ocho votos que tiene el organismo formalmente y poder de desempate.

Desde la cartera laboral adelantaron que el tope del aumento que está dispuesto a dar el gobierno va en línea con el salario mínimo vital y móvil que llegará a $ 21.000 en marzo.

Aceiteros anuncian quite de colaboración, estado de alerta y nuevas medidas

La Comisión Directiva de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (F.T.C.I.O.D y A.R.A.) anunció que “participaron de una nueva audiencia presencial convocada en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en la cual una vez más fracasó la negociación paritaria debido a la falta de propuesta de las Cámaras patronales CIARA, CIAVEC y CARBIO para la revisión salarial correspondiente al año 2020 del Convenio Colectivo de Trabajo 420/05”. Por ese motivo, la Federación anunció “de forma inmediata la quita de colaboración”, y anunció que “definirá las próximas medidas de acción directa en el marco del plan de lucha por el Salario Mínimo Vital y Móvil, de acuerdo a su definición constitucional y legal”.

“Ante las repetidas expresiones de buena voluntad y predisposición negociadora de las trabajadoras y los trabajadores aceiteros, las cámaras patronales CIARA, CIAVEC y CARBIO han decidido en cambio reincidir en una nueva provocación, amplía el comunicado. Así como en octubre, tras dos meses de dilatar la negociación de la revisión pautada en octubre, se negaron a proceder a la misma, en el día de hoy y tras haberse cumplido toda la conciliación dictada por la cartera laboral e incluso dos audiencias adicionales solicitadas por las autoridades del Ministerio buscando una solución, la parte empresaria vuelve a llevar la mesa de negociación al fracaso. Es evidente que las Cámaras patronales en ningún momento han tenido voluntad de negociar y muy por el contrario, han buscado empujar al conflicto a todas las organizaciones gremiales del sector para generar las condiciones sectoriales que, como cortina de humo, les permitan justificar la baja liquidación de divisas con las que aportan a la embestida devaluatoria contra el peso argentino y contra el gobierno nacional, de igual manera que buscan continuar presionando por nuevas medidas en beneficio de los intereses empresarios”, remarcó la Federación.

En la misma línea, la F.T.C.I.O.D y A.R.A. expresó: “una vez más está claro que las trabajadoras y los trabajadores somos esenciales sólo para sostener en marcha la producción del sector, pero para estas patronales dejamos de ser esenciales cuando nos corresponde cobrar el Salario Mínimo Vital y Móvil que dicta el 14 bis de la Constitución Nacional y el 116 de la Ley de Contrato de Trabajo. Llamamos a todas las compañeras y compañeros aceiteros a continuar el Estado de Alerta en el marco del plan de lucha con quite de colaboración, y a la espera del anuncio de la modalidad de nuevas medidas de fuerza”, finaliza el comunicado del gremio.

Militarizan la planta de Gri Calviño

Trabajadores y trabajadoras de la empresa metalúrgica Gri Calviño revelaron la presencia de personal policial. Según denuncian, la ocupación de la planta por parte de fuerzas de seguridad se está dando en el marco de la discusión asamblearia tras la reciente noticia, impartida por el ministerio de Trabajo bonaerense, que determinó no prorrogar el dictamen de la conciliación obligatoria que mantenía el conflicto suspendido. Ante ello, se coloca en situación de posibilidad inminente la consolidación de los 66 despidos que lanzaron en su momento desde la compañía a fin de profundizar el desgaste de las y los obreros quienes, además, se encuentran enfrentando un lock out patronal con el fin de someter a la planta a firmar un convenio laboral flexibilizador.

Las y los trabajadores publicaron un comunicado con la crónica y los pasos a seguir: “compañeros, los convocamos a un asamblea general para el miércoles 25 a las 9 de la mañana. A todos los compañeros despedidos les pedimos que se presenten con los telegramas de despido, contestación y rechazo. A los que les llegó por WhatsApp, que hagan una copia de la imagen y tráiganla junto con la fotocopia de DNI y últimos recibos de sueldo. Solicitamos que acerquen la documentación para presentar ante el abogado del sindicato a fin de iniciar una cautelar de reinstalación y de cobro de salarios. Hace un rato terminó la última audiencia ante el ministerio de Trabajo de la provincia y no se prorroga la conciliación obligatoria. Por lo tanto, los convocamos a todos para decidir los próximos pasos, escuchar el planteo del Secretario General de la seccional ante esta grave situación y convocar a un plan de lucha conjunto de la seccional, tal como se habló en asambleas anteriores y que no se podían realizar por la conciliación”, señaló el comunicado.

“Estamos en la triste situación los trabajadores de Gri Calviño de sufrir un lock out patronal, donde la empresa está reteniendo las chapas en el puerto y nos extorsiona de manera tal que si no firmamos un acuerdo de flexibilización va a sostener los 66 despidos que realizó hace dos semanas, de manera que quitará las fuentes de trabajo”, sostuvo Jesús, referente trabajador de la lucha, a través de un video realizado hace poco más de una semana, para lanzar una convocatoria a fin de marchar hacia la cámara empresarial eólica en Avellaneda, medida que tuvieron que levantar por presiones del ministerio de Trabajo.

El problema de raíz se basa en que la compañía plantea una flexibilización sobre los puestos laborales, en tanto que proyecta que las y los empleados realicen más y variadas actividades de los que ya ejecutan sin reconocerles, en muchos casos, la categoría que les correspondería tanto por el Convenio Colectivo como por la Ley de Contrato de Trabajo.

La empresa en cuestión, Gri Calviño, se trata de un grupo multinacional cuyo personal construye torres para energía eólica. Su principal destino de comercialización son los EE UU. A su vez, posee 16 fábricas ubicadas en Brasil, España, India, China, EE UU, Turquía y Sudáfrica y cuenta con alrededor de 3.500 trabajadores en todo el mundo. La firma produce más de 2.000 torres al año y su patrimonio neto es de 326.595 millones de euros. La planta en Argentina se encuentra en la localidad bonaerense de Bosques, en el partido de Florencio Varela.

El conflicto se viene arrastrando desde el mes de agosto, cuando hubo una aplicación de suspensiones a partir del acuerdo salarial logrado por las y los asalariados superiores al de la UOM Nacional. No conformes con ello, sobre la quincena del 5 de septiembre, la firma decidió pagar sin respetar el acuerdo.

La embestida patronal recaló en la Justicia y una serie de audiencias en el ministerio de Trabajo bonaerense determinaron el pago de las quincenas conforme lo pactado originalmente aunque, en muchos casos, la empresa continuó liquidando mal.

No conforme con ello, la metalúrgica les propinó a sus obreros un lock out patronal mediante el cierre total de la empresa.

Las y los obreros de Gri Calviño, por su parte, decidieron mantener su permanencia dentro del playón de la planta de la fábrica, en respuesta a la inconducta patronal de cerrar la compañía.

Como respuesta a esto, la firma procedió enviando efectivos policiales y patrulleros, quienes se colocaron al interior de la planta y en el playón de modo provocador e intimidante junto con las y los obreros que ya estaban allí.

La escalada empresarial prosiguió: efectuó hace poco más de 20 días la aplicación de 66 despidos sobre el personal fundamentando, además, en muchos de los casos, causas penales sobre los despedidos. Ahora, sobre esas desvinculaciones, es que viene ejerciendo su presión para que las y los trabajadores acepten la flexibilización a cambio de la reincorporación.

Según alegan las y los trabajadores, tal descarga sobre las condiciones laborales no podría ser aceptada, en tanto que traería aparejado una carga de trabajo muy grande que incluiría, también, enfermedades laborales.

Paro, marcha y acampe en Plaza de Mayo por el Día de la Enfermería

Una multitud de enfermeros y enfermeras de la Ciudad de Buenos Aires copó el centro porteño. Hubo paro en los hospitales, acampe en Plaza de Mayo, y un reclamo central: ser reconocidos como profesionales de la salud, una categoría de la que la gestión macrista los excluyó. La movilización se organizó en la víspera del Día de la Enfermería, que se celebró el sábado 21. Y volvió a visibilizar el doble discurso del gobierno porteño: mientras se elogia la tarea del personal de salud en la emergencia sanitaria, a enfermeras y enfermeros se les niegan derechos básicos como la licencia o las vacaciones. A las condiciones de trabajo agravadas este año por la pandemia, se le sumó también el malestar por el atraso salarial. El sueldo de la categoría de Enfermería apenas llega a 35.000 pesos.

También hubo paros y movilizaciones en Neuquén y en Córdoba. “Este es un reclamo federal, porque el maltrato hacia nuestra profesión no hace diferencias”, señaló Clara Bibiloni, enfermera de terapia intensiva en el Hospital Fernández. Después de la marcha, los trabajadores de la salud acamparon en Plaza de Mayo.

Hay una frase que resuena desde el 2018: «La enfermería es profesional». Ese año, al sancionar la Ley 6035 la Legislatura porteña dejó a los enfermeros y enfermeras excluidos de la categoría de profesionales de la salud, y empezó la lucha de los trabajadores de los hospitales que dependen del Gobierno de la Ciudad.

El viernes 20, la bandera principal que encabezaba la marcha llevó un mensaje contundente: “No a la violencia contra Enfermería”. A principios de octubre, en la movilización durante el Día de la Sanidad, un conjunto de enfermeras que se manifestaban en la puerta de la Legislatura fueron golpeadas por la Policía de la Ciudad. Bibiloni, que fue una de ellas, relató: “Lloro muchas veces, antes o después de ir a trabajar. Estoy agotada, llegando a un pico de estrés, y aun así tengo que seguir remando, pensando en sumar nuevos trabajos para llegar a fin de mes”.

Dos enfermeras, que llevaban escritas frases sobre sus ambos blancos, intentaban acomodar su bandera del Hospital Sardá, la maternidad de donde salió la movilización que, a fines de octubre, culminó con un acampe frente a la sede del gobierno porteño. “La postura de (el ministro de Salud porteño, Fernán) Quirós es firme: no quiere reconocer que los enfermeros son profesionales de la salud”, afirmó Rodolfo Arrechea, titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Capital), y advirtió que “si no hay respuesta, vamos a hacer un paro nacional y a pedirle al Presidente, Alberto Fernández, que nos reciba”.

“Venimos desde el inicio de la pandemia poniendo el cuerpo y dejando la vida en los hospitales”, relataron en una carta entregada en Casa Rosada y dirigida al Presidente, en la que le solicitaron que convoque a una reunión “de carácter urgente” con los ministros de Salud de la Provincia, de la Ciudad y de Nación. “Sentimos que al día de la fecha ese reconocimiento social no se tradujo a nivel laboral, salarial y profesional”, advirtieron los referentes de las diferentes organizaciones que participaron del reclamo.

La semana pasada, la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop), convocó a una gran caravana por la Ciudad, que terminó con un reclamo frente al ministerio de Salud. El viernes 20, enfermeros y enfermeras de toda la provincia de Buenos Aires se sumaron a la movilización. “Es triste que arriesguemos nuestra vida y no se nos reconozca con un salario digno. La lucha es común para todos los enfermeros del país”, señaló María, que estudió en la Cruz Roja y en la Universidad de La Plata, y trabaja hace 10 años en el Hospital Oñativia.

“La enfermería es la columna vertebral de toda institución de salud, si no mantenés fuerte tu columna vertebral el resto del cuerpo no funciona bien”, explicó Celia Giménez, enfermera en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, y agregó: “La energía para reclamar la sacamos de la vocación, porque las ganas de servir a la sociedad es parte de nuestro pensamiento y no queremos dejar de hacerlo”.

Al masivo reclamo de Enfermería, el martes 17 se sumaron los médicos. Profesionales de distintas especialidades de los hospitales porteños llevaron adelante un paro de 24 horas para manifestar su rechazo al aumento del 23 % en tres cuotas que les propuso el Gobierno de la Ciudad. Si bien la Asociación de Médicos Municipales (AMM) no convocó a una movilización, un movimiento de médicos, concurrentes y residentes autoconvocados se manifestaron frente a la casa de Gobierno porteño.

Por otro lado, médicas y médicos porteños autoconvocados organizaron una movilización al Hospital Fernández. Llevaron un petitorio al titular de la filial de la Asociación de Médicos Municipales. Reclaman por el deterioro salarial, que se profundizó durante la pandemia. Piden un aumento del 100%.

El petitorio expresa: “el profundo malestar que sufrimos en razón del deterioro salarial que gradualmente experimentamos a lo largo de los últimos años a partir de negociaciones paritarias repetidamente cerradas en valores por debajo de la inflación oficial, situación que se ha agudizado por la falta de una actualización salarial durante este año.», expresaron.

Este cuadro se magnificó en el contexto de la crisis sanitaria producto de la pandemia. «La tarea aún no ha terminado, y obra en conocimiento de todos que es dable -y probable- un futuro reagravamiento de la situación epidemiológica regional.», advirtieron.

Finalmente, solicitan convocatoria a asamblea, que se reclame en paritarias un incremento del 100% con respecto al salario actual (con lo que se estaría recuperando solamente parte de lo perdido en paritarias previas), que se reclame que dicha actualización del salario sea remunerativa en su totalidad, que se reclame el 82% móvil para el cómputo de los montos jubilatorios.

«Este petitorio es una expresión conjunta que, aun habiendo surgido de modo independiente y espontáneo, hemos decidido conducir de forma organizada por los carriles de la formalidad y la institucionalidad. Por esto entendemos que, al menos inicialmente, el mismo debe ser presentado y elevado mediante la intermediación de los representantes gremiales designados a tal fin.», aseguraron.

«No obstante queremos dejar claramente expresado que, de no ser el mismo debida y oportunamente atendido, se entenderán como puestas en duda la eficacia y/o la representatividad sindicales. A partir de allí evaluaremos rápidamente la toma de medidas adicionales directas, entre las cuales mantenemos en consideración el paro con mantenimiento de guardias y la movilización a la sede central de AMM y al Ministerio de Salud de la CABA», afirmaron.

Hace un par de semanas, los profesionales del Hospital Garrahan presentaron una carta dirigida al ministro Ginés González García, en la que manifestaron su rechazo al 7 % de aumento que el Consejo de Administración les propuso. “La respuesta fue la oferta de un bono de 10.000 para cobrar por única vez. El problema de los bonos, así como los módulos y las horas extra, es que no son soluciones a largo plazo. Queremos discutir verdaderamente nuestro salario”, explicó Pino Oroz, referente de ATE en el Garrahan, y remarcó que “fue un año muy estresante”.

Instrumentadores quirúrgicos, licenciados en bioimágenes y enfermeros y enfermeras llevan adelante un mismo reclamo: que las autoridades de la Ciudad los recategorice como profesionales de la salud. “Es un pedido histórico por una vida mejor, por un sueldo acorde a la importancia que nos dicen que tenemos”, agregó Julia, que trabaja en el Cesac 46, ubicado en el barrio de La Boca.

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) realizó una medida de fuerza en los 80 hospitales públicos bonaerenses el miércoles 25 de noviembre, en reclamo de mejores salarios y la vuelta de las licencias de descanso, en lo que será el primer paro de la gestión del gobernador Axel Kicillof.

Según afirman desde CICOP, las y los profesionales de la salud bonaerense se sienten «desbordados ante la prohibición de las licencias para poder tener un mínimo descanso en medio de las exigencias de la pandemia de coronavirus». Reclaman además «una urgente recomposición salarial que aleje los salarios de la pobreza, ya que el sueldo de un ingresante con 36 horas de trabajo es de 50.000 pesos, al límite de la pobreza de la canasta básica del INDEC, y lejísimos de la medición real que tomamos las y los trabajadores de todo el país, que es el cálculo de ATE/INDEC que hoy asciende a 76.500 pesos».

Los salarios de estos trabajadores comenzaron el gobierno de Kicillof con una pérdida del acumulada del 35 % durante la gestión anterior, con una inflación actual publicada por el INDEC el 12 de noviembre pasado de 37,2% de octubre 2019 a octubre 2020, y una acumulada en los primeros 10 meses de este año de 26,9%: “Ante este escenario, CICOP recibió solo un aumento, que fue el pasado mes de abril y ascendió a un promedio de 20,33 %. Por ello, el paro de este miércoles fue para que el gobernador los llame a la segunda reunión paritaria, ya que la primera fracasó el 19 de octubre pasado, y fue además demorada, ya que debía haberse convocado en junio (Ley 10.471 ‘Carrera Profesional Hospitalaria’). (…) El congreso de delegadas y delegados de CICOP que sesionó el 21/11 resolvió por mandato mayoritario de sus asambleas de base, parar por 24 horas el día miércoles 25 de noviembre, con características de paro activo, acciones locales y regionales, reclamándole muy fuerte al gobierno provincial que cumpla con su obligación de convocar a paritarias a los y las profesionales de la salud, con una propuesta integral que incluya tanto un aumento de salario sustancial, como el resto de las cuestiones, entre ellas, las licencias de descanso, que son absolutamente imprescindibles en esta hora, más nuestro extenso pliego de reclamos», detalló Marta Márquez, presidenta de CICOP.

Este miércoles, trabajadores de la salud organizados en ASSPUR Delegación Fesprosa de la provincia de Río Negro viajaron desde ciudades como Bariloche, Choele Choel, Viedma y otras para reunirse con la gobernadora Arabela Carreras en un intento de superar el conflicto que afecta a la provincia desde hace 45 días. Pero a último momento la mandataria levantó la reunión unilateralmente, lo que fue considerado como una actitud de mala fe por los trabajadores, que decidieron cortar el puente que une las ciudades de Cipolletti y Neuquén.

El jueves se llevaron adelante asambleas en todos los hospitales de la provincia, con retención de tareas, para votar medidas de acción para la semana próxima en un clima de indignación general entre los 7.300 trabajadores de la salud de Río Negro frente al “desplante absolutamente injustificado de la gobernadora”.

El viernes se llevó adelante en la provincia de Córdoba un paro total con concentración en el Polo Sanitario para exigir aumento salarial, paritaria nacional de salud y el cese de la persecución y cesantías a los trabajadores. En particular, Fesprosa reclama la anulación de la suspensión por 90 días del secretario de Prensa de la Federación, Ariel Gómez, delegado del Hospital Funes, represaliado por sus denuncias sobre la situación del hospital.

En Chaco también se realizaron concentraciones este viernes en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia, para exigir el fin de la precarización laboral, el pase a planta de centenares de compañeros y recomposición salarial.

En el Hospital Posadas se retomaron a partir del miércoles 25 las rondas de profesionales, trabajadores y vecinos que habían sido suspendidas después de la reincorporación de los trabajadores del hospital cesanteados durante el Gobierno del ex presidente Mauricio Macri. La medida de lucha se retomó por la “falta de respuestas a una recomposición salarial mayor al 7% y la inexistencia de negociaciones en el marco de la paritaria del decreto 1133 que regula a los hospitales nacionales”. Según explicaron desde Fesprosa, esta situación se repite en el resto de los hospitales que dependen del Ministerio de Salud de la Nación (Hospital del Cruce, Hospital Garrahan, Instituto Malbrán) que llevarán adelante medidas similares.

Contagiados durante el ejercicio de su profesión, cientos de profesionales de la salud murieron a causa del Covid-19 en estos meses. Y tendremos más pérdidas de médicos, profesionales de enfermería y camilleros porque los contagios continúan y en marzo del próximo año tendremos una segunda ola, según los pronósticos.

Además de atender pacientes más de las horas que les corresponde, los profesionales de la salud soportan la indiferencia del Gobierno a la hora de otorgarles aumento salarial. Hace meses que reclaman, hacen marchas, portan sus pancartas y el presidente “de todos los argentinos” los ignora.

Al inicio de la pandemia, en hospitales y otros centros de salud ni siquiera les facilitaban adecuados Equipos de Protección Personal (EPP), necesarios para la atención de los pacientes. Los profesionales los compraban o los improvisaban, como una médica que hacía su camisolín y el de sus colegas con una gran bolsa negra de residuos.

En alguna ciudad o pueblo del país, a diario muere un profesional de la salud que se ha contagiado durante la atención de pacientes con coronavirus.

Sólo los despiden sus familias y colegas.

Ojalá que algún día el presidente de la Nación, Alberto Fernández, decrete tres días de duelo nacional en memoria y en reconocimiento a la labor realizada por los profesionales de la salud en el actual contexto sanitario.

Y que el pueblo los aplauda.

Y llore por ellos.

Liliana Giambelluca

25-11-2020

Se calienta el conflicto municipal cordobés

Cuatros empleados municipales de la ciudad de Córdoba fueron detenidos por actos de violencia durante una movilización en reclamo por aumentos salariales, que se realizó el 4 de noviembre último, en la que le dieron una golpiza a un comerciante.

Tres de los detenidos fueron imputados por el supuesto delito de ‘lesiones leves calificadas por alevosía’, por el ataque al propietario de una verdulería que le ocasionó serios daños en la zona ocular.

El restante detenido está imputado por intimidación pública agravada, al ser sindicado como responsable de arrojar una bomba de estruendo contra una ventana del edificio municipal, y ya había sido cesanteado por el municipio.

El fiscal Garzón ordenó otras medidas procesales tendientes a identificar a otros empleados y dirigentes sindicales que participaron de la protesta, según indica la información oficial.

La situación recalienta el clima social en la provincia en medio de un fuerte ajuste que está encarando el jefe comunal Martín Llaryora.

Desde el gremio lo catalogaron de «autoritario» y confirmaron que sostendrán la escalada de protestas, a pesar de la represión que sufrieran.

Multitudinaria caravana de Municipales

Trabajadores nucleados en la Confederación de Trabajadores Municipales (CTM), llevó a cabo una multitudinaria caravana para exigirle al presidente Alberto Fernández que ponga un freno en la precarización laboral del sector en los más de 2.200 municipios y comunas del país, al reclamar la puesta en marcha del Consejo Nacional del Empleo Municipal Decente que garantice “un salario digno”.

“Se lo pedimos a nuestro presidente de nuestro gobierno, que votamos y defendemos, y por eso mismo insistimos que ponga en marcha el Consejo Nacional para que se establezca un piso salarial municipal a nivel nacional que garantice el acceso a un salario digno”, explicó “Cholo” García, líder de los municipales en una conferencia de prensa efectuada frente al Obelisco.

Según García, “este Consejo es un proyecto de los trabajadores llevado a principios de año a las autoridades nacionales y que por la pandemia del coronavirus se nos pidió una pausa. Ahora, entendemos que es el momento de hacerlo, ya que se han empezado a concretar aperturas en la mayoría de las actividades”.

“Debe ser creado por un decreto presidencial y no por una ley respetando la autonomía de los municipios y de las provincias”, detalló, al tiempo que agregó: “allí se formaría una mesa de diálogo con representantes de todos los gremios municipales, los intendentes y los ministros de Trabajo provinciales, cuyo eje convocante es el Ministerio de Trabajo de la Nación”.

Al fundamentar el reclamo, el también titular de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo) denunció que “la situación en los municipios es extrema con altos niveles de precarización laboral y salarial que quedó expuesta por la pandemia. Tenemos conflictos salariales en todas las provincias con sueldos muy por debajo de la indigencia, sólo con alguna salvedad en las capitales provinciales”.

“La crisis que padecemos no se resuelve en los municipios, por ese motivo el pedido es al Presidente. Necesitamos que apruebe nuestro proyecto para poder equilibrar las relaciones laborales sin violar la autonomía municipal”, finalizó el dirigente.

Masiva asamblea minera

Más de 500 mineros se reunieron para tratar el cierre de la mina El Aguilar en Jujuy.

En esta asamblea el gremio informó sobre la situación actual del emprendimiento, el jueves habría una reunión entre el sindicato, el gobierno y la patronal, finalmente el viernes habría una nueva asamblea.

El diputado Alejandro Vilca y el concejal de Palpalá, Julio Mamani, ambos del PTS-Frente de Izquierda, viajaron hasta el complejo minero para llevar su solidaridad. También participaron de la Red de Trabajadores Precarios que expresaron su apoyo a la lucha de los mineros.

Vilca planteó “nos hicimos presentes para poder traer nuestro apoyo a los mineros y ponernos a disposición de su lucha. Frente al chantaje del cierre y los retiros voluntarios, los mineros con el apoyo de la comunidad pueden oponer un plan de lucha para evitarlo. Glencore debe abrir sus libros de contabilidad y todos los estudios de exploración, recursos y reservas de la mina. Si siguen con su plan de cierre, hay que exigir su estatización y ponerla a producir bajo gestión de sus trabajadores, con el apoyo de técnicos, organizaciones ambientalistas y comunidades originarias, para que no se pierdan los puestos de trabajo y planificar una explotación racional y al servicio de la comunidad”.

Cabe destacar que la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (Asijemin), afirmó: “hacemos hincapié que la producción de la planta puede ser recuperada por los trabajadores y vuelta a poner en funcionamiento por su capacidad, profesionalismo y compromiso socioeconómico. Asimismo, puede coordinarse con la ayuda del sector minero en general, en busca de soluciones inmediatas y efectivas para evitar el desempleo y el vaciamiento del consumo interno de la región”.

Choferes de Jujuy sostienen medidas de fuerza

A pesar de la reunión realizada en el ministerio de Trabajo, no hubo avances, y la medida de fuerza convocada por la UTA Jujuy sigue en toda la provincia.

En esta reunión, entre el gobierno, las empresas y el sindicato se sostuvo que la solución vendría de parte de un aumento de subsidios por parte de la Nación o un aumento de la tarifa.

Sin embargo, la deuda de los empresarios del transporte con los trabajadores se agranda. Hasta el momento las distintas irregularidades de parte de los empresarios del transporte, que constantemente chantajean a los trabajadores con amenazas de baja de salarios o despidos, se mantienen bajo la vista gorda del gobierno y del ministerio de Trabajo y el destino de los millonarios subsidios que siguen recibiendo es una incógnita.

La única solución de fondo a la crisis del transporte es el proyecto de estatizar las empresas de colectivos, bajo control de los trabajadores y comités de usuarios, para así dar un servicio de calidad y a precios populares.

Coto despidió a 26 trabajadores

La cadena de supermercados COTO despidió 26 trabajadores que venían reclamando un bono de 30.000 pesos, en reconocimiento por la tarea esencial que realizan. Los despidos se armaron «con causa», pero los trabajadores afirman que los motivos son inventados y que es una maniobra para evadir el decreto de prohibición de despidos que aún está en vigencia.

La seccional del gremio en zona Oeste había anunciado un paro de 48 horas para llevar adelante el reclamo, cuando decidió frenarlo para sentarse a negociar, ante una conciliación obligatoria que dictó el ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. En este marco es que la empresa de Alfredo COTO decide avanzar y ataca con los 26 despidos.

En octubre, Armando Cavalieri, el secretario general del Sindicato de Comercio, había cerrado una paritaria en 0% prolongándola para el 2021 y acordó con las Cámaras empresariales un bono de $ 30.000 que se pagaría en seis cuotas entre octubre del 2020 y marzo del 2021. Parece que el acuerdo no quedó muy firme con las patronales que, siendo servicios esenciales, nunca dejaron de facturar y beneficiarse con los aumentos constantes de precios.

Fuente: Mario Hernández para AnRed