El Salvador. Gobierno reduce fondos al Observatorio de Amenazas y prevención de desastres en el presupuesto 2021

El Gobierno de El Salvador no tiene entre sus prioridades aumentar el presupuesto del Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales en 2021. Tampoco fortalecer la unidad de Prevención y Reducción de Riesgos a Nivel Nacional. Al contrario, su propuesta para enfrentar el otro año ha sido recortar fondos. Abogados ambientales y economistas coinciden en que trastocar el presupuesto de estas unidades deja al Gobierno con menos capacidad para enfrentar eventos de la crisis climática, en un país con alta vulnerabilidad. El ministro de Medio Ambiente justificó que el gobierno “tiene un montón de proyectos de cooperación” para inyectar fondos al Observatorio.

El Salvador es uno de los países que históricamente ha aparecido entre los más vulnerables de la región latinoamericana, según mapas de vulnerabilidad como los de Germanwatch. Este 2020 lo ha demostrado, una vez más, con las afectaciones ocasionadas por las tormentas tropicales Amanda y Cristobal, así como el reciente deslave en Nejapa. Pese a las muertes y daños materiales ocasionadas por la falta de una alerta temprana oportuna, el Gobierno de El Salvador ha decidido reducir la asignación presupuestaria 2021 al Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Pasará de $2,779,827 a $2,513,570; es decir, un recorte de $266,257.

De la misma forma, los fondos para el Fortalecimiento de la Prevención y Reducción de Riesgos a Nivel Nacional, una partida que optimiza el trabajo del Observatorio con la generación de información y monitoreo permanente de fenómenos naturales, tendrán una reducción de $196,400, al pasar de $945,805 a $749, 405 en el presupuesto 2021.

Contrario a los recortes en esas dos unidades, la Dirección Superior refleja un aumento de $271,825. Esta unidad se encarga de “conducir estratégicamente el Ministerio para alcanzar el objetivo general de la institución”.

Estos cambios constan en el anteproyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación 2021, que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó el 30 de septiembre ante la Asamblea Legislativa.

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, aseguró a GatoEncerrado que a pesar de lo que consta en el anteproyecto de presupuesto, hay un aumento para el Observatorio y no es cierto que haya un aumento para la Dirección Superior de la que el ministro es parte.

“Me voy a concentrar en el Observatorio. No hay ninguna reducción. Creo que quizás han malinterpretado números, pero al Observatorio, es más, hasta le metimos aumento nosotros. Recordemos que estamos trabajando con un montón de proyectos de cooperación. El Observatorio es prioridad para nosotros. El Observatorio salva vidas (…) Entonces, no hay, no va haber, al contrario se va a potenciar y hay un proyecto que se está ejecutando para lograr que el Observatorio pase a una actualización completa de todos los sistemas para el próximo año y un aumento en la cantidad de estaciones telemétricas y estaciones meteorológicas que tenemos”, afirmó el ministro.

El anteproyecto de ley, a diferencia de lo que el ministro prevé, no refleja a detalle que hay proyectos de cooperación internacional para fortalecer el Observatorio.

Lourdes Molina, economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), explicó a GatoEncerrado que el 9.6 % de reducción que tendrá el presupuesto del Observatorio puede afectar la capacidad de reacción del Gobierno ante eventos climáticos.

“El Gobierno debe de considerar cuidadosamente cada recorte que se plantee. Dado al alto nivel de vulnerabilidad ambiental de El Salvador, cualquier recorte en las asignaciones a este ministerio se traduce en una menor capacidad para poder hacer frente a los desafíos ambientales”, dijo Molina.

En junio, en plena ejecución presupuestaria 2020 y tras los impactos de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, el Gobierno recortó el presupuesto de prevención de riesgos, con la aprobación de la Asamblea Legislativa, para pagar los salarios de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), que había dejado de cobrar el servicio de agua durante la cuarentena por la pandemia de COVID-19. Ese mes, el Observatorio tuvo una reducción de $35,167 y la unidad de Prevención y Reducción de Riesgos $596,000.

Las reducciones de ambas partidas del presupuesto 2021 para el MARN fueron planteadas antes del deslizamiento de tierra del volcán de San Salvador, que recorrió cuatro kilómetros por el municipio de Nejapa, pero sin prever la vulnerabilidad en el país ante eventos climáticos. GatoEncerrado hizo un sondeo por la zona del desastre y los habitantes afectados aseguraron que no recibieron la alerta temprana para evacuar o prepararse ante el inminente deslave de la noche del 29 de octubre.

Los habitantes de Nejapa, que platicaron con GatoEncerrado, calcularon la hora del deslave entre las 10:00 p. m. y las 11:00 p. m., pero el aviso del Observatorio se dio vía Twitter hasta las 11:54 p. m. En Nejapa, la Comisión Municipal de Protección Civil se activó cuando el lodo ya había inundado las viviendas del caserío San Antonio, narró el alcalde de Nejapa, Adolfo Barrios.

El caserío San Antonio queda en la cuenca baja del volcán de San Salvador, por lo que históricamente registran inundaciones y daños por las lluvias. Después de la tormenta Amanda, la alcaldía mejoró el puente y bóveda de la zona del Kinder Morazán, en donde quedaron acumulados tres cadáveres, lodo, árboles y hasta un carro, tras el deslave en Nejapa. Foto/Carolina Amaya
José Luis Magaña, economista de Panorama Económico, dijo a esta revista que los presupuestos reflejan las prioridades de los gobiernos. Sobre todo, de un gobierno que no tiene plan general de gobierno.

“El Observatorio se había posicionado como un referente regional en términos de monitoreo. Creo que ha sido una de las buenas medidas que se pudieron haber agregado y que era necesario darle continuidad. Porque esto te permite dar alertas tempranas ante cualquier amenaza de riesgo. Por ejemplo, cuando vienen las lluvias podríamos tener alertas para preparar en los territorios más vulnerables algunas medidas de mitigación, evacuación y prevención. Y para eso es importante tener actualizado este Observatorio”, agregó Magaña.

Actualmente, en la región latinoamericana ocurren con más frecuencia los recortes presupuestarios a las instituciones gubernamentales encargadas de proteger el medio ambiente, según explicó Astrid Puentes, abogada especialista en justicia climática y derechos humanos, coordinadora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

“Son decisiones bastante equivocadas porque si hay algo que necesitamos hoy para lograr que nuestros países avancen, tengan mayor riqueza y un desarrollo diferente, es que podamos proteger a la naturaleza; podamos tener espacios de control de la naturaleza. Obviamente esto no ayuda si se siguen bajando los presupuestos”, explicó Puentes en una sesión del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP).

Para la especialista, la actual crisis climática evidencia los resultados y pérdidas económicas ocasionadas por la destrucción ambiental. Por eso, para alcanzar la soñada justicia y gobernanza climática recomienda que “las instituciones gubernamentales sean transparentes; que en realidad velen por el interés público; que haya rendición de cuentas; que haya Estado de Derecho; información y participación respecto a la crisis climática, responsables y soluciones. También, implica que haya financiamiento suficiente, eficiente y adecuado, y esto, obviamente exige que haya responsabilidad empresarial”, explicó.

Como ejemplo de esas pérdidas económicas por los daños ambientales, el Estado salvadoreño asumirá el costo de $5,044,200 para la construcción de obras tratamiento de drenaje de ácido y aguas residuales para reducir la contaminación que dejó la mina del río San Sebastián, en La Unión; además, $5,152,200 para el retiro de desechos de plomo y saneamiento en el cantón Sitio del Niño, de San Juan Opico, La Libertad, por la contaminación que dejó la exfábrica de baterías Record.

Privatización de ganancias y socialización de daños
Han pasado 25 años desde que la exfábrica de Baterías de El Salvador S.A de C.V., se instaló en el cantón Sitio del Niño. Sus operaciones contaminaron la zona y el caso se convirtió en el ejemplo por excelencia de corrupción e impunidad en temas ambientales: al ser un daño socioambiental resultado de la negligencia de la institucionalidad del Estado salvadoreño, según una sentencia de 2011 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El MARN fue condenado a asumir los costos económicos del saneamiento ambiental en la zona.

El magistrado de la Cámara Ambiental, Samuel Lizama, explicó a GatoEncerrado que el hecho de que el Estado asuma los costos por la contaminación ambiental generada por privados se conoce en derecho ambiental como la socialización de la responsabilidad ambiental.

El siguiente paso, según el magistrado, debería de ser la persecución jurídica de parte del Estado “ejerciendo acciones civiles, acciones penales, para poder exigirles la restauración. O exigirles mediante una acción civil lo que se llama: repetir lo pagado. O sea, que cuando el Estado ya pagó o ya restauró el daño con dinero de la colectividad, entonces, el Estado tiene derecho a exigirle a los que causaron el daño que le devuelva ese dinero que el Estado gastó, que la sociedad gastó. Esa parte es la que no se está haciendo en este caso o en otros que han dejado pasivos ambientales muy significativos”.

Para la economista de ICEFI, la situación reafirma la necesidad de fortalecer la regulación e institucionalidad ambiental en el país, para que no sea el Estado el que deba asumir esos costos. “Si nos regimos por las buenas prácticas a nivel internacional, las dos empresas que realizaron sus actividades en estos sitios (Record y la mina de San Sebastián) son las que debieron haber asumido los costos de remediación y recuperación del entorno natural en esos dos sitios. Nuevamente, es un caso claro de cómo los costos se socializan pero las ganancias fueron privadas”, añadió Molina.

El año pasado murió de leucemia, una enfermedad asociada a la contaminación por plomo, Mario Blanco, quien fue el presidente del comité ambiental en Sitio del Niño. “Es ilógico que quiénes se han lucrado y se siguen lucrando, porque siguen vendiendo esas baterías en todo el país, se hayan quedado impunes y la población esté sufriendo todavía de tener ahí los desechos tóxicos que ni el Estado se quiere hacer cargo de sacarlos”, lamentó el abogado de Tutela Legal “María Julia Hernández”, Alejandro Díaz, quien ha sido querellante en el caso.

GatoEncerrado buscó al ministro de Medio Ambiente para preguntarle si el actual gobierno ya comenzó a realizar acciones para exigir el saneamiento del lugar, a diferencia del FMLN que nunca hizo esfuerzos reales para que la empresa pagara por el daño ambiental. El ministro justificó, escuetamente, que la exigencia del pago del saneamiento es algo que aún no se ha hecho por situaciones que se salen de su control, como que algunos de los acusados aún no han sido capturados y ni siquiera están en el país.

“Con el tema de la Record nosotros fuimos categóricos en que nosotros no queremos, y tampoco es ético, que el pueblo salvadoreño pague esa cantidad de dinero. Ustedes son un medio que habla un montón de la ética. Con el tema, (hay) gente que está perseguida de la familia Lacayo, son más personas, no solo son ellos, y están protegidos no sé por quiénes, la verdad. Ellos tienen difusión roja de Interpol. Nosotros estamos trabajando de cerca con todas las autoridades (…) Si la Interpol no los halla, cree que los voy a hallar yo, o sea”, dijo el ministro.

El 24 de septiembre de 2007, el cierre abrupto de la exfábrica le dio poder a los socios y accionistas de Baterías de El Salvador, S.A. de C.V. para evadir la justicia bajo el argumento de que el Estado salvadoreño expropió su negocio y realizó proceso penales ilegales, violando el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, según reveló una investigación periodística nominada al Pulitzer, realizada por Chris Hamby para Buzz Feed en 2016.

La investigación también detalla que los socios de la Record usaron un sistema conocido como arbitraje de diferencias Estado-inversor (ISDS, por sus siglas en inglés), para amenazar al Estado con una demanda internacional por 70 millones de dólares. Eso frenó toda acción penal en contra de la familia Lacayo y otros implicados.

Para finales de 2007, la Record ya había vendido su inventario a la sociedad Diparvel S.A. de C.V., incluyendo los centros de servicios: Centro de Mayoreo Soyapango; Centro de Servicios 27 Avenida Sur, Soyapango; San Miguel, Santa Elena; Merliot; Constitución; Escalón y 29 Calle Poniente, por un valor de $439,284.95 más IVA, según detalla una pericia contable presentada al Tribunal Primero de Sentencia, de San Salvador.

Hasta la fecha, lo único que se llevó a cabo fue un juicio en contra de los ingenieros que trabajaban en la planta y una difusión roja de Interpol para capturar a la última junta directiva de la sociedad, según explicó el abogado Díaz, de Tutela Legal.

“Hubo complicidad de Fiscalía y otras instituciones para que los dueños de la empresa no respondieran por los daños. Hasta se dejó que salieran del país antes del juicio. Y se dejó también que movieran los bienes con los que podían responder de alguna forma por los daños. Dentro del juicio, cuando se buscaron los bienes para algún tipo de responsabilidad no se encontró nada, porque tuvieron el tiempo de trasladarlo. Eso ha sido parte de la impunidad, porque nunca quisieron responder por los daños a los niños, al medioambiente, a los extrabajadores y eso ha quedado así”, criticó Díaz.

Lo único que los gobiernos de Arena, FMLN y de Nayib Bukele han hecho es limitarse a procesos administrativos, que no tienen consecuencias penales, en contra de los socios y accionistas, encaminados al retiro de ceniza y escoria de plomo, saneamiento ambiental y un servicio de salud para los habitantes afectados. Informes del MARN detallan que en los primeros meses después del cierre, la sociedad respondió con algunas actividades mínimas de mantenimiento de la exfábrica. Luego, la mayor parte de los implicados se fueron del país.

En el expediente de medidas cautelares de la Cámara Ambiental, con referencia 03-2019-MC-Amb, se encuentra el informe de movimientos migratorios hecho por la Dirección de Migración y Extranjería. En el documento se revela que algunos de los socios o accionistas como el exministro de Economía, Miguel Ernesto Lacayo Arguello; Karla Mercedes Lacayo Arguello y María del Carmen Pascual Domenech, ingresaron libremente al país en 2019.

El mismo expediente tiene informes del Registro Nacional de Personas Naturales que indican que otros socios o accionistas han muerto: José Francisco Ronald Lacayo Pérez, María Mercerdes Argüello Escolán, Jaime Vicente Pascual Portet, Miguel Salvador Pascual Merlos.

Otros, incluyendo los que tienen difusión roja de la Interpol, han sido ubicados en Miami, Florida, Estados Unidos, pero el acuerdo de extradición con ese país no incluye delitos ambientales por eso no fueron extraditados, explicó el abogado de Tutela Legal.

Como cumplimiento de las medidas cautelares giradas el 5 de julio de 2019 por la Cámara Ambiental, el 17 de octubre de 2019, Medio Ambiente emitió el Acuerdo No. 366, que promueve un nuevo proceso administrativo en contra de la sociedad, socios y accionistas de Baterías de El Salvador, S.A. de C.V. Ese documento, sin embargo, ha sido declarado en reserva por el Ministerio de Medio Ambiente.

Cuando GatoEncerrado preguntó al ministro Fernando López sobre las medidas administrativas en el caso, dijo que todo eso es información es pública.

Por Carolina Amaya. Resumen Latinoamericano