México: 10 años sin verdad ni justicia por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa
La noche del 26 de septiembre de 2014 representa la fecha de uno de los mayores crímenes de Estado en la historia reciente de México. Un grupo de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero, fue atacado por policías locales en la ciudad de Iguala. Así se dio inicio a uno de los casos emblemáticos de desaparición forzada en el país. Diez años han pasado y las familias siguen preguntando: ¿Dónde están?.
Aquella noche, los jóvenes se dirigían a una protesta en la Ciudad de México para conmemorar la masacre de Tlatelolco (en donde estudiantes fueron asesinados por fuerzas del Estado mexicano el 2 de octubre de 1968), pero nunca llegaron. En su lugar, se desató un violento operativo que dejó un saldo de seis muertos, numerosos heridos y la desaparición de 43 estudiantes.
Las primeras horas después del ataque fueron caóticas. Los familiares de los estudiantes denunciaron la situación y se movilizaron para exigir respuestas. Sin embargo, las autoridades minimizaron los hechos. El gobierno de entonces, a cargo del expresidente Enrique Peña Nieto, enfrentó una fuerte presión social con movilizaciones y protestas.
Con Peña Nieto nació “la verdad histórica”, una narrativa falsa sobre los hechos con el fin de cerrar el caso. Las versiones oficiales afirmaban que los estudiantes habían sido asesinados y sus cuerpos incinerados en un basurero en Cocula, un municipio de Guerrero.
Tras esa narrativa la indignación social creció. Las familias, estudiantes de normales rurales y sus compañeros de lucha organizaron protestas y marchas, exigiendo justicia y verdad. Las voces de los familiares se hicieron eco en foros internacionales, generando un movimiento global que exigía el esclarecimiento de lo sucedido.
La falta de avances en la investigación llevó a la intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Se estableció en 2015 para revisar las investigaciones oficiales y brindar apoyo técnico y científico. El GIEI descubrió irregularidades en el proceso judicial, sugiriendo que la verdad oficial estaba plagada de inconsistencias.
A medida que pasaban los años, las acciones del Estado mexicano fueron motivo de crítica. Si bien se realizaron algunos arrestos, muchos implicados en la desaparición de los estudiantes permanecieron en libertad.
Las familias continuaron demandando justicia y verdad. Mientras, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se involucraron en el caso con el GIEI. Se exigió al gobierno mexicano que investigara a fondo y protegiera a los testigos. Para esto se creó el Mecanismo Especial de Seguimiento del asunto Ayotzinapa (MESA) el 29 de julio de 2016, mediante la resolución 42/16.
En la búsqueda de justicia el Estado mexicano también ejerció violencia en contra de detenidos. En 2018 la oficina para los Derechos Humanos de Naciones Unidas presentó el informe “Doble injusticia”. Allí se reveló que autoridades mexicanas ejercieron tortura en 51 de los 63 casos examinados de los primeros 129 detenidos por este caso.
La promesa de justicia incumplida
En 2018, Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia y prometió a las familias una investigación a fondo y que daría verdad y justicia. En razón de eso, se crearon nuevas fiscalías y se reabrieron las investigaciones y los avances fueron lentos.
Se creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), presidida por Alejandro Encinas. La comisión se coordinaría con la Unidad Especial de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA) y el GIEI, y se estableció que todas las instituciones debían aportar información y colaborar con la investigación.
En octubre de 2021 la Comisión de la Verdad reveló conversaciones interceptadas por el ejército entre directores de la policía local de Iguala e integrantes de Guerreros Unidos, un grupo del crimen organizado. Allí se discutían sobre el destino de los estudiantes en donde se aseguraba que había fosas para enterrarlos.
La CoVAJ declaró en 2022 que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un crimen de Estado en donde participaron integrantes de Guerreros Unidos y autoridades federales y estatales.
El ejército sigue negando información y su responsabilidad
En julio de 2023 el sexto y último informe del GIEI informa que el ejército “participó activamente» en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa junto a grupos del narcotráfico y son responsables de este crimen.
El informe detalla que el ejército no sólo participó en la tortura a personas detenidas junto a la Policía General de la República y la Subprocuraduría especializada en Investigación y Delincuencia Organizada; sino que también buscó “borrar las huellas” de su participación.
Además, señalan que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha negado hasta hoy cualquier responsabilidad y siguen desconociendo lo sucedido y su corresponsabilidad, a pesar “de estar documentados en sus propios archivos” informa el GIEI.
En septiembre de 2023 las familias piden al presidente que el ejército entregue 800 folios faltantes de documentos que el GIEI ha identificado que faltan en los archivos militares que ha podido revisar y que podrían aportar a la ubicación de los estudiantes.
En julio de este año el presidente presenta una carta a los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en donde dice que no se ha encontrado “absolutamente nada” sobre la participación del ejército y menciona que las autoridades militares ya entregaron toda la información.
“No se puede justificar lo injustificable (…) Existen numerosos testimonios y declaraciones ministeriales que avalan que ese día el ejército estaba en las calles y participó de una manera vergonzosa en la desaparición de nuestros hijos ese fatídico 26 de septiembre de 2014 (…) Eso es una verdad irrefutable”, dijeron las familias de los 43 estudiantes como respuesta a la carta del presidente.
Hoy las familias y la sociedad mexicana seguimos sin saber qué pasó y dónde están os 43 estudiantes de Ayotzinapa.
A diez años seguimos preguntando: ¿Dónde están?
Cada 26 de septiembre, marchas y actos conmemorativos se realizan en diversas ciudades de México preguntando ¿dónde están? Pero recordando que el caso de Ayotzinapa no es solo un hecho aislado, pues se enmarca en una crisis de derechos humanos e impunidad.
Esta crisis de derechos humanos se recrudeció en 2007 cuando el entonces presidente Felipe Calderón implementó una fallida estrategia de seguridad que dota a las fuerzas armadas de facultades para tareas de seguridad pública.
Desde entonces, el ejército ha sido usado para tareas de seguridad pública. Ni los gobiernos posteriores de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador han modificado dicha estrategia que ha aumentado las violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo a los datos públicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de 2007 a la fecha aumentan las quejas contra las fuerzas armadas. Incluida la Guardia Nacional (una policía militarizada creada por el gobierno de Andés Manuel Lopez Obrador que también hace parte de la estrategia de seguridad pública) por su involucramiento en violaciones graves a los derechos humanos como tortura, desapariciones, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.
Lejos de haber justicia y verdad, México enfrenta una crisis forense y de derechos humanos en donde más de 115 mil personas están desaparecidas. Y tan solo en los últimos seis años más de 72 mil cuerpos siguen sin ser identificados, de acuerdo a una reciente investigación periodística elaborada por los medios A dónde van los desaparecidos y Quinto Elemento.
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