«Pan sin veneno», la campaña que rechaza el trigo transgénico en Paraguay
El trigo transgénico HB4 de la empresa Bioceres avanza, con resistencias, en su estrategia comercial para instalar el cultivo supuestamente resistente a la sequía y tolerante al glufosinato de amonio (un herbicida cinco veces más tóxico que el glifosato). El 10 de mayo pasado, a un año de su liberación comercial en la Argentina, el gobierno de Paraguay replicó con la Resolución 556 del Ministerio de Agricultura la habilitación para cultivar y comercializar el primer trigo transgénico del mundo en suelo guaraní. La resolución, que no figura en la web de ningún organismo público, fue firmada sin consulta ni información pública y tomando en cuenta estudios hechos en otros países, a partir de la flexibilización de la normativa para la aprobación de organismos genéticamente modificados (OGM). La noticia generó una rápida reacción de la sociedad civil paraguaya que lanzó la campaña “Pan sin Veneno”.
“La campaña está teniendo una respuesta muy importante por parte de la ciudadanía en general. Quienes primero se organizaron fueron panaderos y panaderas, cocineros y cocineras, después se fueron plegando otros sectores que trabajan con la alimentación. Y ahora se encuentran sectores relacionados con la medicina, la nutrición, la ingeniería agronómica, hay muchos agroecólogos y agroecólogas, organizaciones campesinas, productores de trigo orgánico, hay una adhesión muy importante”, celebra Lis García, integrante del centro de investigaciones paraguayo BASE-IS –especializado en el estudio del modelo agropecuario y cercano a los movimientos campesinos–.
BASE-IS es parte de la campaña que aglutina a diversos sectores que se oponen a la liberación de cultivo y comercialización de la semilla transgénica de Bioceres, con el objetivo de juntar firmas para revertir la resolución 556 del Ministerio de Agricultura. Con el impulso inicial de trabajadores del sector gastronómico, la campaña puso a disposición de la ciudadanía paraguaya la información que el gobierno oculta respecto de la aprobación del trigo HB4 y llegó con carpetas de firmas a locales comerciales para reunir voluntades para su derogación.
“El trigo es una de las bases de nuestra alimentación por lo que toda la población estaría aún más expuesta al consumo diario de herbicidas y en particular al glufosinato de amonio, un herbicida altamente tóxico”, sostienen desde la campaña y agregan: “Los más expuestos a sus riesgos son los que más consumen trigo –panificados, galletas, fideos–. Los niños y niñas, en particular de familias con bajos ingresos, violando sus derechos a una alimentación adecuada y saludable”.
La investigadora de BASE-IS considera que este nivel de conciencia por parte de los trabajadores gastronómicos y de la academia se relaciona con “todos los años de lucha, principalmente, desde las organizaciones campesinas contra el avance transgénico y las fumigaciones en los pueblos”. “La campaña está teniendo una gran adhesión tiene un impacto mediático importante y esperamos que se sigan sumando otros sectores y lograr frenar este proceso con la derogación de la resolución que aprobó de forma cerrada de espaldas al pueblo la liberación del trigo transgénico”, se ilusiona.
El mecanismo administrativo para que el trigo HB4 avance en toda la región
La resolución del Ministerio de Agricultura de Paraguay –firmada a tres meses del fin del mandato del presidente Mario Abdo Benítez– aparece como el fin de una cadena de habilitaciones a nivel regional. El trigo HB4 fue creado por la empresa biotecnológica Bioceres –que tiene como accionistas a Gustavo Grobocopatel y Hugo Sigman, pero ya opera en la bolsa de Wall Street– en sociedad con la científica Raquel Chan, el Conicet y la Universidad Nacional del Litoral. En octubre de 2020 fue aprobado por el Ministerio de Agricultura de la Argentina, el primer país en aprobar un trigo transgénico, pero su liberación quedó condicionada a la decisión de Brasil, principal destino de exportación del cereal.
La Comisión Técnica de Bioseguridad (CTNBio) de Brasil aprobó la comercialización de harina transgénica en noviembre de 2021, aunque no el cultivo del transgénico. Medio año después –a pesar de la oposición de las cámaras exportadoras y de las advertencias de académicos y organizaciones sociales y campesinas–, el gobierno argentino completó la aprobación y la total liberación de la semilla para su comercialización y cultivo a través de la resolución 27/2022 del Ministerio de Agricultura. La luz verde llegó días después de que Bioceres celebrara la aprobación del trigo HB4 en Australia y Nueva Zelanda, y también la aprobación de la tecnología HB4 aplicada a la soja en China, algo que ya había ocurrido en Argentina, Estados Unidos, Brasil, Paraguay y Canadá.
El mecanismo se repite con el trigo HB4 en Paraguay y también la opacidad de los mecanismos de aprobación. Si en Argentina el trigo transgénico fue avalado por el Poder Ejecutivo a pesar de una causa federal pendiente que advierte sobre la falta de transparencia en el procedimiento y la violación del principio precautorio, en Paraguay denuncian la flexibilización de los sistemas de autorización.
La resolución 556 de mayo pasado no fue publicada en la web de ningún organismo público del Paraguay y se conoció su existencia a partir de la página web de la Asociación de Productores de Semillas, donde se agremian obtentores de semillas y productores. Esa resolución se respaldó en la desregulación de los mecanismos de aprobación para OGM en Paraguay, que se concretaron en 2019 –también bajó la presidencia de Abdo Benítez–. Las resoluciones del Ministerio de Agricultura 1030 y 107111 permitieron que se apruebe la nueva semilla HB4 “con un tratamiento diferenciado que establece para OGM ya aprobados en otros países, según el cuál no son necesarias que Paraguay realice ensayos o pruebas científicas de ningún tipo”, denuncian desde BASE-IS.
“Con la aplicación de las mismas, en el país la liberación comercial de cultivos genéticamente modificados se respalda fundamentalmente en los antecedentes de liberación de los mismos en terceros países, por lo general subordinados a los intereses de las corporaciones trasnacionales” sentencia Lis García, investigadora de BASE-IS. “Esas resoluciones no contemplan ninguna participación ni debate con sectores afectados como comunidades campesinas e indígenas de pequeños productores, o en este caso consumidores”, agrega.
Se podría suponer que los informes sobre los que se basó la aprobación en el Paraguay podrían ser los resueltos por las autoridades argentinas en la materia como la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia) y el Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (Senasa) –denunciados por conflictos de intereses– o en Brasil por el CTNBio. “No sabemos, porque no visibilizaron, no difundieron, no comunicaron cuáles fueron los estudios en los que se basaron para tomar la decisión. En la resolución solamente dice que tomaron la misma en base a un informe técnico, el cual no fue comunicado de ninguna manera”, confirmó García, en diálogo con Tierra Viva.
De hecho, la investigadora de BASE-IS hizo una presentación de pedido de información pública –que está reglamentado por ley, al igual que en la Argentina– el 29 de junio pasado y vencido el plazo de 15 días de respuesta, el Estado paraguayo aún no responde sobre los estudios en los que se basaron para firmar la resolución 556. “Desde la Secretaría de Transparencia del Ministerio de Agricultura, me pidieron que espere ocho días más, porque la coordinadora de la Comisión Nacional de Bioseguridad Agropecuaria y Forestal (CONBIO) está de vacaciones y dicen que por eso no encuentran los documentos. Una cosa así, súper terrible”, lamentó García.
BASE-IS advirtió que la liberación del trigo HB4 “supone un beneficio para el sector que concentra la propiedad y la renta de la tierra y, principalmente, de las corporaciones que controlan el sistema alimentario”. El centro de investigaciones sostiene que esto se traducirá en la ampliación de la frontera agrícola con cultivos transgénicos, un aumento en el peligro de deforestación de los últimos remanentes de bosques de la Región Oriental y la región del Gran Chaco –compartida por Paraguay, Argentina y Bolivia–, concentración de la tierra y “un alto grado de peligro en el aumento de los casos ya elevados y violentos de desalojos forzosos”.
De acuerdo a los datos del Observatorio de Derechos Humanos Tierra Aeronegocios de BASE-IS, en el último año se dieron alrededor de 13 situaciones de represiones, agresiones, desalojos forzosos hacia comunidades campesinas y también al menos dos acciones represivas por parte de las fuerzas policiales, como desalojos forzosos, amenazas de desalojo, amedrentamiento, persecución por parte de civiles armados hacia comunidades indígenas.
“Este proceso se agudizó tras la aprobación de la ley conocida como ‘Riera-Zavala’, a partir de la cual las ocupaciones de tierra pasaron a ser un crimen y tienen una penalidad de 10 años de cárcel. Con eso han aumentado, por un lado, el número de desalojos, pero también la violencia con la que se llevan adelante estos desalojos. Un recrudecimiento de la violencia estatal y empresarial hacia las comunidades campesinas e indígenas”, precisa la investigadora de BASE-IS y enmarca la situación en el contexto global de crisis alimentaria. “En el contexto también de la guerra Rusia-Ucrania, donde claramente existe una reconfiguración en la geopolítica de la producción alimentaria, del sistema agroalimentario mundial”, sostiene.
En ese sentido, el centro de investigaciones subrayó que la resolución del Ministerio de Agricultura paraguayo coincidió con un reporte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés), publicado el 19 de abril, que proyecta para la campaña comercial de trigo 2023/2024 en Paraguay un incremento de 1,25 millones de toneladas métricas (MT) y de exportaciones por 410.000 MT, la más alta de los últimos cuatro años, con principal destino a Brasil, lo que significaría el 90 por ciento de las exportaciones paraguayas del cultivo. El 14 por ciento de las tierras agropecuarias del Paraguay están en manos de brasileños.
Además, BaseIS advirtió sobre los impactos para la salud y el ambiente que tendrá el posible aumento de fumigaciones con glufosinato de amonio con “el crecimiento de la frontera agrícola con trigo en la zafra 2023/2024, probablemente se haya llevado adelante con semillas transgénicas”. El biólogo e investigador de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Rafael Lajmanovich, señala que «el glufosinato de amonio ha demostrado ser 500 por ciento más tóxico que el glifosato en concentraciones letales y es aún más neurotóxico”. Además de ser un herbicida prohibido en la Unión Europea en 2013 por sus efectos en mamíferos y artrópodos.
Por otra parte, la ampliación de la frontera agropecuaria significa, como ocurre desde el ingreso de los transgénicos al país, el avance sobre los bosques nativos. “Entre el 2001 y el 2022, se deforestaron más de 6 millones de hectáreas de bosque nativo en Paraguay, impulsada principalmente por la ampliación de la frontera agrícola en la región oriental. Se hizo de forma ilegal, porque hay una Ley de Deforestación Cero en la región oriental y en el Chaco”, precisa la investigadora de BASE-IS.
Ambas regiones están atadas por el hilo del agronegocio debido a que el avance del cultivo transgénico en la Región Oriental del país, empujó a la ganadería hacia el Chaco, ubicado en la parte occidental. O sea, a partir del desarrollo de monocultivos transgénicos, principalmente de soja, de maíz y ahora el trigo HB4. “El 2001 no es casual porque en ese año se liberalizó la posibilidad de importar semillas transgénicas desde soja, que después se liberó comercialmente de forma oficial en el 2004”, destaca García como antecedente para subrayar lo que significa lo aprobado por la resolución 556.
Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/pan-sin-veneno-la-campana-que-rechaza-el-trigo-transgenico-en-paraguay/
