La “Ley Ramona”: impulsan bono de $5.000 para los trabajadores de comedores y merenderos comunitarios

A la batería de medidas de ayuda económica impulsadas en el contexto de la pandemia, ahora podría sumársele una más: un bono de $5.000 destinado a los trabajadores de comedores y merenderos comunitarios que todos los días se encargan de preparar y darle de comer a millones de personas en los barrios populares de la Argentina.

La idea fue presentada hoy en el Congreso de la Nación por el diputado Leonardo Grosso, cuenta con las firmas de todo el bloque de los Movimientos sociales, y además tiene el apoyo garantizado de los diputados del Frente de Todos.

En el proyecto de ley, al que tuvo acceso Clarín, se marca que la ayuda –una asignación no remunerativa– deberá abarcar a todos aquellos trabajadores abocado a merenderos y comedores comunitarios como «reconocimiento al desarrollo de las actividades esenciales concernientes a garantizar el derecho a la alimentación, y la seguridad alimentaria y nutricional de quienes concurren a estos espacios».

También se aclara que el pago sera de $5.000 pesos y comenzará a otorgarse en el mes de junio, con la posibilidad de que se prorrogue hasta que dure la emergencia pública sanitaria por el covid-19.

Ese bono debería –según la norma– ser incluido junto con el pago individual que ya perciben a través del salario social complementario, que es actualmente de $8.000.

“Hay miles de mujeres en todo el país que todos los días preparan la comida para millones de personas, ellas también están en la primera linea de pelea contra el covid-19 y creemos que merecen un reconocimiento por una labor tan esencial como la que están llevando a cabo en plena cuarentena”, dijo Grosso.

El diputado del Movimiento Evita señaló que, así como se ayuda a empresas con los programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), también debe haber algún tipo de ingreso extra para quienes abren las puertas de sus casas para darle de comer a personas que hoy.

“Queremos que haya un reconocimiento económico para estas trabajadoras que están cuidando la alimentación de miles de familias», reclamó Grosso, que dijo que es muy duro para los trabajadores de comedores ver cómo las grandes empresas reciben una inyección de fondos y ellos no.

Según los últimos relevamientos, desactualizados claro porque la crisis económica de la pandemia hizo estallar la situación social, en el país hay al menos 7.000 comedores y merenderos en el país. Cada uno cuenta con 5 o 6 trabajadores.

Es decir que este bono, a groso modo, iría destinado a alrededor de 42.000 personas y tendría un costo fiscal mensual de $210 millones, a pagarse a partir de la reasignación de partidas presupuestarias de la jefatura de Gabinete, a cargo de Santiago Cafiero, que está al tanto de la iniciativa.

El proyecto de Ley intenta además ser un homenaje a Ramona Medina, la militante y vocera del colectivo Garganta Poderosa, vecina de la Villa 31 “Barrio Padre Carlos Mugica”, que falleció días atrás por coronavirus.

El texto es claro en ese sentido: «(A ella) la mató la pobreza estructural y el abandono disfrazado de virus», señalan los diputados, en torno a la realidad de las villas, un debate que ha cobrado fuerza en las últimas semanas.

«Ella es nuestras compañeras, mujeres, madres y trabajadoras que ante la crisis salen a sostener la olla, que ante las injusticias ponen el cuerpo, que cuidan y conocen mejor que nadie a su pueblo y a su barrio», expresa en torno a la que, de aprobarse, podría ser llamada «Ley Ramona».

El proyecto de Grosso lleva las firmas de Ayelén Spósito, Juan Carlos Alderete, Verónica Caliva, Federico Fagioli, Itai Hagman, Claudia Bernazza, Héctor Bárbara, y Cristina Álvarez Rodríguez, y la idea del oficialismo (que espera el apoyo opositor) es debatirlo en los próximos días.