La libertad para censurar del gobierno de Javier Milei
Apenas asumió el gobierno, el presidente argentino Javier Milei ordenó la prohibición del lenguaje inclusivo y “todo lo referente a la perspectiva de género” en la administración pública. Se encargó luego de eliminar el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). En el marco de esta “batalla cultural” que lleva adelante, distintos actores del ámbito de la cultura y la comunicación denunciaron recientemente censura en las agendas de contenidos oficiales.
¿Qué consecuencias trae prohibir palabras e invisibilizar temas? ¿Qué implica que la cultura promocionada por el Estado deje de hablar de ciertos tópicos? ¿Qué se puede hacer frente a esto? Desde Presentes hablamos con distintes investigadores y referentes de la cultura para entender el contexto actual y trazar líneas de acción posibles.
“La lucha continúa. Nada se gana para siempre. Todo está en disputa. Esto es parte de esa batalla cultural. No podemos abandonar ningún lugar para seguir poniendo en cuestión, criticando lo que pretende imponerse”, expresó a Presentes Geraldine Rogers, investigadora del Conicet, docente de la Universidad Nacional de la Plata y una de las autoras de Censura cultural y dictadura (2009).
Al ser consultada sobre este tema, lo primero en lo que piensa la investigadora es en la idea de libertad promocionada desde el gobierno. “Una libertad cada vez más restringida o acotada, en la que se piensa a la cultura como si fuese un ámbito que puede ser controlado. Pareciera que lo que intentan es controlar la cultura auténtica, que es algo vivo. La cultura se fundamenta en su diversidad, en un permanente preguntarse sobre sí misma, interrogarse cosas sin límites ni estrecheces, tratando todos los temas y de las formas más variadas posibles. Eso es una cultura viva”, analizó Rogers.
Las máscaras de la desigualdad
El investigador del Conicet y docente de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), Diego Tatián, dice en su artículo “La paradoja de Tocqueville” que “enmascarado como avance de la libertad”, el gobierno de La Libertad Avanza “apunta a extirpar la raíz del problema, que no es otra cosa que el anhelo de igualdad”. Y continúa: “el retroceso de la igualdad debe ser extremo si aspira a que la jerarquía se convierta en naturaleza de las cosas y el abandono de la imaginación plebeya sea finalmente irreversible”.
Goyo Anchou es realizador de cine independiente, director de la película ¡Homofobia! (2024), estrenada en abril durante el Bafici, y fue programador del Festival de Cine de Mar del Plata. En julio pasado fue con un colega a una de las casas culturales ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires que pertenecen al Ministerio de Cultura de la Nación para ofrecer un ciclo de películas nacionales. La respuesta fue contundente. Les recitaron un código de censura informal sobre contenidos “prohibidos” en centros culturales nacionales: “1. LGBT, 2. Feminismos, 3. Críticas a la dictadura, 4. Defensas del gobierno previo, 5. Que incluyan a Lali Espósito”. “Es la primera vez que nos sucede” -se disculpó uno de los programadores-, «trabajamos acá desde siempre y nunca nos habían supervisado la programación de esta manera».
Cuando Anchou publicó esto en sus redes sociales, se sumaron otras voces. La directora, guionista y actriz Eva Dans compartió que se acercó al museo de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno a mediados de julio para ver la muestra “The Buenos Aires Affair: 50 años” sobre Manuel Puig, pero “ya no estaba”. “Nos dijeron que la nueva directora que asumió dijo ‘para el lunes me levantan esta porquería’. La sacó 3 semanas antes por tener temáticas lgbt y contra la dictadura”, contó en Twitter. Desde la Biblioteca Nacional negaron que la directora, Susana Soto, haya hecho esas declaraciones. Sin embargo, el curador de la muestra, Martín Villagarcía, confirmó que el homenaje debía terminar a finales de julio y fue levantada antes.
Sobre el modus operandi, Anchou detalló: “el ejecutivo se está cuidando de no dejar nada escrito, todo comunicación oral. Pero escarbás un poco entre la gente afectada y empezás a encontrar los testimonios, siempre en off”.
El gobierno no se hace cargo
Al ser consultados por Presentes, desde el Ministerio de Cultura de la Nación negaron la existencia de un código de censura y de bajada de línea. También sostuvieron que existen 130 casas del bicentenario donde los empleados son de los municipios, no de la cartera cultural nacional. Y resaltaron que desde el Ministerio impulsaron un homenaje a Sandra Mihánovich.
En lo que atañe a la diversidad, lo que sí se observa en la agenda cultural oficial son contenidos sobre población afroargentina, pueblos originarios y algunos -pocos- sobre mujeres o personas con discapacidad.
“Si bien hacer muestras sobre artistas mujeres es necesario porque todavía hay una desrepresentación en muchos aspectos, lo importante es también focalizar cómo esa producción cultural está poniendo en juego esa disputa. Evidentemente el gobierno de ultraderecha lo que no quiere es visibilizar ese conflicto. Es decir, su agenda cultural todo el tiempo lo que evita son las disputas como las que ha presentado el feminismo o los distintos movimientos de la diversidad”, explica a Presentes Federica Baeza, gestora cultural, profesora en la Universidad Nacional de las Artes y ex directora del Palais de Glace.
Medios públicos y palabras prohibidas
El silenciamiento se extiende hasta los medios públicos.
“No hay voces de trabajadores, ni de las marchas, ni de las personas que participan de cualquier protesta, no importa si es cultural, universitaria, contra la ley bases, de organizaciones sociales. Siempre la mirada es mostrar el operativo policial y represivo y no poner voces de los manifestantes. En la manifestación frente al INCAA no estuvimos. Pero en la universitaria y el 8M sí», explicó a Presentes Lorena, trabajadora de la TV Pública y delegada del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba).
Lo primero que hicieron es no renovarle el contrato a Diana Zurco. Ella fue la primera conductora trans de la historia en cualquier noticiero de la Argentina. Cuando fue el triple lesbicidio en Barracas conseguimos ir a cubrirlo. Pero no podíamos poner voces en la protesta porque el temor era que se hable en contra del gobierno. Lo que se busca es evitar que haya cualquier voz que cuestione a las políticas de este gobierno”.
Provincias silenciadas
“Esto pasa en Radio Nacional también, que además se vio agravado porque hubo un silenciamiento en las provincias. Se pusieron programas centrales en Radio Nacional Buenos Aires y en casi todas las provincias se retransmite eso, en detrimento de las programaciones locales”, detalló.
“El rol de los medios públicos históricamente es dar voz a todos los que no tienen voz. Se está incumpliendo con el derecho humano a la comunicación, a la pluralidad de voces, con una perspectiva federal, diversa. Esto nunca antes había pasado en la TV Pública. Sí hubo bajada de línea editorial, incluso también nos habían sacado los fines de semana, pero nunca había sido tan explícita la censura. Es parte del ajuste y destrucción que están haciendo del Estado para imponer una única voz que es la de ellos”, analizó.
La “reorganización”
El 21 de mayo pasado tuvo lugar un apagón de las redes sociales y páginas web de los medios públicos bajo el argumento de un “proceso de reorganización”. Así se expresó oficialmente, con un uso de palabras que en Argentina reenvían a la última dictadura cívico militar (1976-1983). No parece casual al provenir de un gobierno negacionista.
Actualmente, los portales y las redes de TV Pública y Radio Nacional volvieron a funcionar, pero no así las páginas web locales de Radio Nacional. Tampoco las de los contenidos públicos de los canales Encuentro y Paka Paka, cuyos portales no están disponibles.
A mediados de mayo, el periodista Franco Torchia compartió en sus redes sociales información que recibió sobre el silenciamiento de la agenda LGBTIQ+ en los medios públicos. Entre los contenidos invisibilizados, según lo que pudo saber Torchia, se encuentra el documental La imperdonable alegría. El caso Octavio Romero, en el que participa como periodista especializado en diversidad sexual. El film fue producido a modo de reparación por parte del Estado argentino y por disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya que el prefecto Romero fue asesinado en 2011, luego de asumir públicamente su orientación sexual, y el Estado no investigó el crimen. Fue estrenado en septiembre de 2023 y repetido en Encuentro y la TV Pública -parte del acuerdo de solución amistosa con la CIDH-, pero este año dejó de transmitirse.
No son hechos aislados
Estos ejemplos de silenciamientos no son hechos aislados. Surgen de parte de un gobierno que alinea sus contenidos discursivos y culturales con la agenda de movimientos “anti derechos” de la región. En esta línea se encuentra el video que Casa Rosada publicó en sus redes sociales sobre el Día del Niño (en singular y masculino), en el que alertó contra la “ideología de género”. También la posición de Cancillería argentina ante el mundo. Durante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU apoyó un proyecto de enmienda -que luego fue rechazado- que buscaba eliminar la palabra “género” en una resolución sobre violencia de género. Además solicitó quitar del documento final de la 54° Asamblea General de la OEA que se llevó a cabo en Paraguay a fines de junio, los términos “pespectiva de género”, “defensores de derechos humanos”, “paridad de género”, “violencia sexual”, “discriminación” y “mujeres trans”, entre otros.
“Estos intentos muestran el reverso de esta idea de libertad. El personaje de Milei que logró seducir a muchos votantes con “Viva la libertad carajo”, ahora muestra su verdadero rostro que es una configuración profundamente autoritaria. Esto me hizo pensar en la historia argentina. ¿Cuándo hubo momentos de censura? En los años 30, después del golpe, hubo una fuerte censura cultural, sobre todo a la cultura comunista. Pasó mismo en 1955 con el peronismo, a partir del decreto que prohibió nombrar a Perón, Evita y la marcha peronista. En relación a la dictadura cívico militar del 76, hay un libro maravilloso, Golpe a los libros, que hace una investigación de la censura y quema de libros. Y ahora aparece esto. Es una censura concreta, pero también indirecta, que busca la autocensura”, historizó la investigadora Rogers.
La respuesta: más diversidad
Entre las consecuencias que puede tener este silenciamiento, Feda Baeza destacó “la falta de reconocimiento comunitario”. “La falta de reconocimiento sobre una subjetividad que es también la falta de reconocimiento sobre la validación de una existencia. Luego, esto empuja a una comunidad que es menos diversa, que se entiende menos entre sí. Empuja hacia una representación homogénea de la sociedad. Esto es un camino hacia el no entendimiento que solo se resuelve, finalmente, bajo la violencia. Cuando no hay palabra política que nombre las diferencias entre las distintas comunidades en el interior de un país, lo que eso hace es un empobrecimiento de la comunicación ciudadana en su conjunto”, analizó.
“En estos momentos yo creo que los activismos lo que podemos hacer es asumir nuestra responsabilidad en el espacio público. Abrir nuestras agendas, lograr vincularnos, interactuar con voces con las que no hemos hablado, poder ampliar lo máximo posible nuestro radio de acción, salir de nuestros límites, y poder animarnos a dar esos debates en el espacio público. Yo no necesariamente pienso que el arte puede solamente criticar. En realidad, toda condición artística es política en la medida en que pueda dar a ver otra organización posible del mundo. Esa creo que es una responsabilidad que nos toca a los círculos de arte y al activismo”, concluyó Baeza.
Agencia Presentes.
