Argentina. Qué tiene que ver la Ley de Bases con los derechos de mujeres y diversidades
En los seis meses que lleva el gobierno de Javier Milei en la Argentina, la situación económica de los sectores más vulnerados se agravó. Despidos, inflación y sueldos estancados se enmarcan en un proyecto político que, con argumentos económicos, avanza en sus intentos de quitar derechos y afecta de forma intensiva a mujeres y diversidades.
El debate político en estas semanas se centraliza en el Congreso de la Nación. El Senado tiene la tarea de discutir la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” que ya obtuvo su media sanción en la Cámara Baja. Una ley que genera especial preocupación por la eliminación de la moratoria previsional. Además de la flexibilización laboral que desprotege a lxs trabajadorxs en casos de despidos por discriminación.
La precarización y la limitación para acceder a las jubilaciones refuerzan una sociedad estructuralmente patriarcal, donde tanto mujeres como diversidades sexuales quedan afuera.
Ley Bases aprobada en Diputados: mujeres y diversidades, afuera
El martes 30 de abril la Cámara de Diputados de la Nación votó a favor de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” . La aprobación se alcanzó con 142 votos positivos, 106 negativos y cinco abstenciones.
La ley llegó en esta segunda instancia al Congreso con 232 artículos. Fue una nueva versión de la primera que había sido rechazada por la Cámara Baja. En esta oportunidad, se dividió en diez títulos que, en su mayoría, constituyen un ataque contra los derechos laborales, la igualdad de género, la soberanía y la injerencia del Estad
Tal como activistas, expertas, y militantes feministas venían anticipándolo, la ley plantea una serie de vulneraciones, en particular para mujeres y diversidades que están entre los grupos más desprotegidos.
Desde una reforma laboral que no protege los despidos por discriminación, permite períodos de prueba de hasta un año y acorta las licencias por maternidad, hasta una reforma previsional que coarta la posibilidad que hasta ahora tenían las mujeres de acceder a una moratoria para obtener su jubilación a los 60 años.
Contra los derechos humanos
La ley reforma capítulos que son trascendentes y que protegen derechos humanos fundamentales, como el derecho al trabajo. “Estos derechos afectan -dice a Presentes, Adriana Micale, abogada especialista en seguridad social- a mujeres y diversidades porque “están dentro del universo de mayor desprotección. Estadísticamente es un número muy considerable”.
Manu Mirelles, secretaria académica del Bachillerato Popular Mocha Celis, analizó para Agencia Presentes las implicancias de la ley particularmente en la población trans. “Las organizaciones LGBTIQ+ rechazamos la ley porque supone enormes riesgos y retrocesos no solo para la democracia, sino también para garantizar la vida del pueblo y las condiciones necesarias para vivir.”
“Es necesario reconocer el rol fundamental que tenemos las personas LGBTIQ+ en la democracia y en la política. El movimiento travesti, trans y no binario abraza y aboga por modelos alternativos al actual sistema económico. Y queremos avanzar hacia una sociedad que permita, garantice y promueva la sustentabilidad de la vida”, agregó.
La eliminación de organismos fundamentales para las diversidades sexuales y culturales plantea un contexto de violencia y desigualdad. A ello, la Ley de Bases suma retrocesos en lo que respecta a garantías laborales y previsionales. De este modo, es el mismo Estado el que pone en peligro los derechos adquiridos, tras largas luchas, de las personas LGBT.
Mirelles aclaró además que pone sobre la mesa la necesidad de seguir promoviendo la participación efectiva de las personas LGTBI más en espacios de toma de decisiones. “Nuestro movimiento nació al calor de diferentes luchas emancipadoras, obreras y feministas. Así que para nosotros garantizar la democracia es el punto de partida a partir del cual tenemos que pensar los marcos normativos”.
Aumento de la desigualdad y violencias
Ni Una Menos centra el reclamo en una economía que aumenta la desigualdad y las violencias contra mujeres y diversidades. “La media sanción de la Ley de bases es una muy mala noticia para las mujeres lesbianas, travestis y trans. Nos afecta transversalmente como empleadas públicas, trabajadoras de empresas del Estado, monotributistas, trabajadoras”, dice Luci Cavallero, una de sus referentes. “Es una ley regresiva que apunta a bajar la carga impositiva para grandes actores empresariales, los famosos empresarios heroicos y sobre todo los empresarios extranjeros”, agrega la socióloga.
La Cámara Baja también avaló la venta de empresas públicas que han sido fundamentales para el desarrollo de la igualdad en la Argentina, un ejemplo de ellas, los medios públicos. Esto también atenta contra la desigualdad de género, ya que es en estos medios, por ejemplo la Agencia Télam y la Televisión Pública, se buscaba dar lugar a mujeres y diversidades tanto en las coberturas como en su plata de trabajo.
La Federación Argentina LGBT pidió a los diputadxs que votaran en contra de la ley. Ahora elevarán el pedido al Senado.
“Pedimos a todas esas organizaciones políticas,que no nos abandonen en este momento. Que no permitan que se destruyan los espacios que han contribuido a reconocer nuestros derechos y hoy -de alguna manera- velan por ellos”.
María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo CABA, dijo a Presentes: “Esta ‘Ley Bases’ la única libertad que consagra es la de vulnerar derechos y discriminar. De aprobarse, el gobierno no solo va a destruir a INADI, a Télam y tantos otros organismos que fundamentales en el reconocimiento de nuestros derechos. También anula la posibilidad de reclamar la reincorporación ante un despido discriminatorio y el acceso a moratorias para las personas que necesitan jubilarse y que, -producto de la violencia a la que fueron sometidas por la sociedad y el Estado, como las personas trans- no tengan los años de aportes que se requieren. Eso, son algunos de los muchos otros derechos que con la media sanción se destruyeron en el Congreso”.
Trabajo, jubilación y cupos
Con la eliminación de la moratoria previsional sólo 9 de cada 10 mujeres podrán acceder a una jubilación a los 60 años. Podrán acceder recién a partir de los 65 años.
Esta situación se agrava en el caso de las personas travestis y trans, quienes en su mayoría recién a partir de la sanción de la Ley de Identidad de Género (2012) pudieron en un escaso número acceder a puestos laborales, casi en su totalidad, informales.
En 2021, la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans (27.636) permitió el acceso al empleo formal a casi 574 en el ámbito nacional hasta febrero de 2023. La cifra descendió tras la ola de despidos en el sector público de parte del gobierno de Javier Milei.
Estas medidas, afirma Micale, profundizan la desigualdad y favorecen la precariedad.
“Los grupos vulnerables (en su mayoría mujeres, diversidades y extranjeros) en un contexto de estas características terminan arraigados a tareas de menor calificación. Y son, en general, quienes no tienen la oportunidad de cubrir el mínimo de años para una jubilación. Acceden a trabajos informales porque la sobrevida requiere acceder a cualquier modo legítimo de sobrevivencia. Esto impacta en la falta de contribución y por ende en la falta de cobertura”.
Además, analiza, “se anticipa un panorama de profundización de la pobreza. Explica, “el impacto es directo porque lo que se está poniendo en crisis son las normas protectoras de derecho del trabajo y las de la seguridad social”.
En ese sentido, Luci Cavallero expresa, “esta no registración que fomenta el Estado a través de esta ley termina arrojando que no tengamos aportes necesarios para poder jubilarnos. Y el Estado nos vuelve a penalizar dándonos una pensión. Cinco años más tarde y 20% más baja que la jubilación mínima. En tanto ciudadanas y trabajadoras de este país en todos sus puntos, es una ley absolutamente regresiva y que tiene que ser rechazada de plano por el Senado”.
Despidos y políticas de inclusión en baja
Apenas asumió el gobierno de Milei planteó el cierre deI Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Hasta el 8 de abril se registraron 100 despidos de personas trans en el Estado. Esto representa casi el 10% del cupo alcanzado en dos años y medio (955 personas trans contratades). Los datos fueron aportados por el Noveno Monitoreo de la Ley 27636 (Cupo laboral trans) del Observatorio de Género y Diversidad de ATE Nacional y el Observatorio de Zaguán Transindica.
-Las áreas más afectadas, según la misma fuente, son Secretaría de Trabajo (27), Desarrollo Social (23), ANSES (20) y Cancillería (10). Esto equivale al 77% del ex-Ministerio de Trabajo o el 36% del ex-Ministerio de Desarrollo Social.
-Un informe elaborado por ACIJ y ELA, en alianza con Amnistía Internacional, CELS, EcoFeminita, Fundar y FES Argentina plantea que en lo que va de 2024 el gasto en políticas públicas destinadas a reducir la desigualdad de género fue un 33% más bajo que en 2023.
-En lo que respecta a políticas de inclusión laboral, el programa ‘Potenciar Trabajo’, del cual dos tercios de sus beneficiarios son mujeres, experimentó una reducción del 71% en términos reales en comparación con el mismo período de 2023.
Agencia Presentes.
