50 años del golpe en Chile: una fecha entre conmemoraciones, negacionismo y heridas abiertas
La conmemoración por los 50 años del golpe de Estado en Chile llega este lunes en un escenario adverso: al mismo tiempo que el Gobierno de Gabriel Boric realiza actos y anuncios de políticas públicas inéditas para la reparación, hay un alza de los discursos negacionistas por parte de sectores de la oposición de derecha y resistencias de las organizaciones sociales y populares que exigen justicia por los derechos humanos de ayer y de hoy.
“Estamos viendo el precio de algo que no se dice, que es la debilidad y la falta de voluntad política de todos los gobiernos de la posdictadura para abordar juicios reales y efectivos, terminar con el monopolio del silencio y la total impunidad de los crímenes de la dictadura y de la posdictadura”, sentenció ante El Destape la académica psicóloga social chilena, Isabel Piper.
Desde su asunción, el 11 de marzo de 2022, el Gobierno encabezado por Gabriel Boric comenzó a cranear la conmemoración que significó el derrocamiento del gobierno socialista y popular de Salvador Allende y el comienzo de 17 años de dictadura cívico-militar, que instaló el neoliberalismo en la región. Todas las actividades hechas y por hacer desde el 30 de agosto, se pueden seguir en el sitio oficial que creó el Ejecutivo, que incluye actividades culturales, académicas, artísticas, conversatorios y homenajes, entre muchas más.
También, el anuncio inédito de que por primera vez el Estado chileno puso en marcha un plan nacional para la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada (1469 de las que 1092, corresponden a detenidas desaparecidas, según los registros oficiales) y 377 cuerpos de personas ejecutadas.
En ese camino, Boric también llamó a la firma del acuerdo “Por la democracia, siempre” al que convocó a todas las fuerzas políticas y a les ex presidentes vivos. Lo firmaron todes: Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Por el apoyo de este último, el mandatario lo consideró un “gran demócrata”, lo que a su vez despertó un gran debate social. Es que Piñera estaba al frente del Gobierno en octubre de 2019, cuando se inició la revuelta popular, que duró más de tres meses y fue fuertemente reprimida. Piñera en ese momento, consideró que había “una guerra”. Del otro lado, las consignas eran contra el Estado subsidiario –amañado en la Constitución de 1980- y “que la dignidad se haga costumbre”.
El apoyo de la oposición de derecha a firmar el acuerdo no fue la misma en los sectores parlamentarios: desde Chile Vamos -la fuerza que lidera Piñera- se negaron e hicieron uno propio en el que no condenaron el golpe ni a la dictadura. «No estamos dispuestos a participar en hitos que generen más división y que de alguna manera nos pongan al servicio de hechos que no tienen una sola mirada; nosotros no nos vamos a poner al servicio de una verdad oficial en esta materia, no tenemos disposición para eso», argumentó el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el senador Javier Macaya a la radio Agricultura de Chile.
Además, desde el ultraderechista Partido Republicano –liderado por José Antonio Kast, ex candidato a la Presidencia- y algunos dirigentes que integran Chile Vamos ya anunciaron que no irán a La Moneda y que se retirarán del recinto parlamentario durante los homenajes a Allende esta semana.
En tanto, durante una gran movilización que se desplegó el domingo por Santiago, las organizaciones (acreditadas y con aval por el Ejecutivo para participar) marcharon con una gran bandera de arrastre firmada por la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales: “A 50 años del Golpe de Estado Civil y Militar. Allende siempre presente. Chile exige verdad y justicia ahora”, decía.
Al tiempo que caminaban se escuchaba “el derecho de vivir en paz” del cantautor asesinado por la dictadura, Víctor Jara. Cuando pasaron por La Moneda, Boric se sumó a la peregrinación, mientras que unas cuadras más lejos Carabineros –la policía- reprimía a las organizaciones que no estaban autorizadas a pasar.
Actos oficiales en La Moneda
Este lunes, el Palacio de Gobierno será la sede de las conmemoraciones oficiales en la que participarán los presidentes de México, Colombia, Uruguay y Argentina, Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro, Luis Lacalle Pou y Alberto Fernández, respectivamente. Boric los convocó para participar de la firma del “acuerdo de Santiago” por la democracia, junto con los ex mandatarios chilenos y el resto de la clase política de ese país que acepte ir.
“Estamos frente a un boom como pasa cada vez que son años redondos”, dijo Piper al ser consultada sobre los intentos del Gobierno de imponer la agenda y una voz de condena frente a lo que fue la dictadura chilena. A continuación, le puso un nombre a la vorágine de conmemoraciones: la llamó “farándula conmemorativa” y consideró que es “imposible de aprehender” toda la oferta que se pone sobre la mesa y que es “desproporcionada con respecto al resto de los años”.
Piper, que además es la coordinadora grupo de trabajo de CLACSO memorias colectivas y prácticas de resistencia, opinó que el de Boric “es un Gobierno débil que le ha dado la espalda a su programa más progresista y a los movimientos sociales pactando con la derecha”. Para ella, el mandatario busca mostrarse como un «presidente de consenso».
«Estamos viendo el precio de algo que no se dice, que es la debilidad y la falta de voluntad política de todos los gobiernos de la posdictadura para abordar juicios reales y efectivos, terminar con el monopolio del silencio y la total impunidad de los crímenes de la dictadura y de la posdictadura”, sentenció. Y agregó: “Esa firma de acuerdo es con el resultado de estos últimos 30 años, de esta transición que parece hacia afuera muy exitosa y que, sin embargo, han sido de autoritarismo, impunidad y ausencia de transformaciones reales de la sociedad”.
La voz de las organizaciones
El análisis que distintas voces consultadas hacen sobre el escenario actual que se vive en Chile tiene que ver también con las posturas frente a dos temas que atravesaron la vida de les chilenes en los últimos años: el estallido político y social de 2019, la represión que le siguió; y el intento de redacción de la Constitución escrita, justamente, por el dictador Augusto Pinochet, en la que quedaron asentadas las bases para el Estado subsidiario actual dispuesto de la mano de los Chicago Boys, un grupo de economistas criados en Estados Unidos con mirada neoliberal.
El acuerdo para la redacción de una nueva Carta Magna fue sellado en medio de la revuelta, en noviembre de 2019, entre las élites políticas y, también, por un Boric en rebeldía con su propio partido. La intención fue calmar las aguas en medio de las protestas que reaccionaron ante «el modelo neoliberal instalado en dictadura y perfeccionado por todos los gobiernos que le siguieron», al entender de Marta Cisterna, directora Ejecutiva de Casa Memoria–José Domingo Cañas, de ex militantes, detenides y familiares de desaparecides.
Al momento, la redacción de la nueva Constitución viene trunca: el primer borrador, fue rechazado por un 62% de la población en un plebiscito. Ahora, en un nuevo proceso, la derecha y la extrema derecha llevan adelante la iniciativa.
“Sigue habiendo una fuerte presencia y una fuerza muy activa por parte de las organizaciones de rescatar la experiencia de Unidad Popular, pero es un momento muy difícil porque la revuelta de 2019 fue aplastada muy violentamente, no se habla de eso en esta conmemoración. No se habla de la represión de la transición, de la prisión política, de criminalización de la protesta de este Gobierno. Al mismo tiempo que el Gobierno está dedicando muchos recursos y energía para esta conmemoración, se está reprimiendo al movimiento estudiantil, del cual salió el presidente”, dijo Piper.
“No hemos tenido políticas públicas de memoria. Y eso cansa”, sostuvo Cisterna. La diferencia con Argentina es que la dictadura «cayó» tras un plebiscito que le dejó a Augusto Pinochet la posibilidad de ejercer como senador vitalicio hasta 1992, en 30 años no hubo una política de Estado con medidas de reparación para las más de 40 mil personas que fueron detenidas y torturadas en centros clandestinos de detención y son 130 los genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad que cumplen sus condenas en un centro de detención especial -con comodidades-. Tras ese derrotero, para Cisterna, hay un avance de los “relativismos” y de un discurso que “no es negacionista, es mentiroso, que hace apología del terrorismo”, por eso, a su entender “es más peligroso”. En esa línea, señaló que desde el fin de la dictadura en su país “nunca se había visto un discurso tan abiertamente partidario de lo que fue el terrorismo de Estado” ante un presidente cuya postura “no ha sido tan clara”. Para dar cuenta de ello, puso como ejemplo, que Boric en medio del uno de los actos conmemorativos saludó a un general que se negó a declarar ante la Justicia por las denuncias por violaciones a los derechos humanos durante la revuelta de 2019.
Beatriz Bataszew es sobreviviente de la dictadura, se define como feminista anticapitalista, que lucha contra la violencia política sexual desde la organización Feministas Autónomas en Chile. En un juicio histórico del que fue testigo por su secuestro en el centro clandestino conocido como Venda Sexy, un juez consideró “una forma específica de violencia contra la mujer”, los abusos sexuales que sufrió. En su opinión, la dictadura “dejó asentada las bases políticas, sociales, económicas y administrativas para que siguiera imperando el mismo sistema neoliberal, así cada vez que entra en crisis, el sistema va a encontrar un caramelo para poder volver al orden que les interesa”. Y, agregó, eso es lo que pasó con la revuelta: «El grave problema que cruza a los progresistas es que terminan entregando el país a los sectores reaccionarios misóginos y patriarcales”.
Tanto Cisterna como Bastaszew no dejan sus militancias de lado, pese al contexto. Cisterna, desde su lugar, apunta a disputar la memoria, los discursos, monitorear e interpelar al Estado y hacer denuncias. Bataszew, por su parte, contó que “está volviendo a florecer la organización desde las comunidades y los territorios” y que, desde su organización, su quehacer es “construir comunidad desde los márgenes del Estado”. Para ella, “hay que construir teniendo claro que la única salida es una salida no capitalista sin patriarcado sin opresiones de ningún tipo. Eso no lo vamos a construir con las herramientas del Estado”.
Fuente: El Destape.
