Argentina. La Campaña pidió investigar a Grávida, la ong que obstaculiza el derecho al aborto

La Campaña por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito regional Santa Fe pidió que se investigue el accionar de la ong Grávida, que obstaculizó el derecho a abortar a una niña de 12 años abusada por su padre. Además, un centenar de organizaciones feministas y de derechos humanos, sindicatos y referentes políticas pidieron explicaciones al gobierno de Santa Fe acerca de su actuación en relación al caso que se conoció estos días. Desde el gobierno de la provincia informaron que no tienen convenio con la organización y que pondrán a disposición de la justicia la información que tienen en relación al accionar de la ong en este caso. Además dijeron que se cumplieron con los plazos de atención establecidos por la ley hasta que Grávida se interpuso. Por ese motivo interpusieron una medida excepcional para resguardar los derechos de la niña. Tanto la madre como la niña están actualmente en buen estado y a resguardo del Estado. El padre fue detenido por el delito de abuso sexual con acceso carnal y este viernes se pedirá la prisión preventiva.

El caso se dio a conocer el lunes pasado. El 19 de diciembre, una niña de doce años fue a un centro de salud en el pueblo donde vive, Garibaldi, y allí se descubrió su embarazo. La niña dijo que fue abusada por el padre en reiteradas oportunidades y pidió, junto a su madre, la realización de un aborto. Desde el centro de salud gestionaron el turno para la interrupción legal del embarazo en el Hospital Iturraspe, ubicado en la capital de la provincia, para el 2 de enero. Turno al que no se presentaron.

A raíz del caso, la Campaña Nacional del Aborto en Santa Fe apuntó contra Grávida, a la que tildó de «organización fundamentalista» y pidió que se investigue su accionar en el caso, debido a que «quiso obturar el derecho de la niña a la interrupción del embarazo».

Grávida es una asociación civil católica llamada «pro vida» cuya misión principal es evitar que las mujeres y niñas accedan al derecho de interrumpir el embarazo aun en los casos garantizados por la ley desde 1921, como lo es el de la niña santafesina de 12 años abusada por su padre, que luego de consentir la práctica no concurrió a la cita y fue hallada, tras la intervención estatal y judicial, en uno de los centros que responden a Grávida en la provincia. La organización fundada en 1989 tiene sedes en todo el país.

«Exigimos que los organismos estatales investiguen si Grávida incurrió en la violación del artículo 47, inciso C de la Ley Provincial 12.967 y su Decreto Reglamentario 619/10″ (que refiere a no limitar derechos de los niños) y, de ser así, que se proceda a la implementación de las medidas correspondientes, inhabilitando sus instalaciones como ámbito de cuidados institucionales con alojamiento», indicó la Campaña en un comunicado.

El texto expuso el pedido de que «se avance hacia un Estado laico, que ponga atención y tome medidas concretas en relación al accionar de los fundamentalismos antiderechos que, a través de diversos métodos, buscan vulnerar los derechos de las personas gestantes».

Mariángeles Guerrero, referente de la Campaña en Santa Fe, contó a este diario que aparentemente una amiga de la madre de la niña contó la situación al cura de la Iglesia de Garibaldi. “Las invitan a una misa, el párroco la nombra y la expone en la comunidad y empieza este contacto con Grávida, una organización que no es de Santa Fe. La sede central está en San Pedro, Buenos Aires, y tiene sede en 69 lugares del país. Existen desde 1989 y están ligados a la Conferencia Episcopal Argentina”, dijo.

Recordó que en 2016 hubo un caso muy similar en que una psicóloga integrante de Grávida se infiltró en un hospital público haciéndose pasar con una trabajadora de Niñez, generó vínculo con una niña abusada con capacidad mental de 11 años y esa niña fue llevada por la organización y finalmente continuó con el embarazo. Esa psicóloga fue denunciada por el Colegio profesional de Psicólogos y la justicia determinó que le quitaran la matrícula.

“Exigimos que se investigue lo que pasó. Se hizo un allanamiento en la Casa Hermana de Betania, que es de Grávida. La ong ofreció una interconsulta con personal especializado en este lugar. Esa es su versión. Nosotras queremos que la justicia investigue porque podría tratarse de un secuestro”, dijo Guerrero. De hecho, se conoció, a raíz de una entrevista en LT10, que el ginecólogo Raúl J. Dalla Fontana, que colabora con Grávida, mantuvo una consulta virtual con la niña y le dijo que no tenía riesgo de vida llevar adelante el embarazo: “Es un embarazo que solo por la edad se cataloga de alto riesgo. Pero no justifica de ninguna manera por ser alto riesgo ofrecer como alternativa al aborto. Hoy con la tecnología que hay en todos los hospitales se salvan el 99 por ciento”. El médico dijo que le preocupaba que le mintieran a la “pacientita”, como llamó a la niña abusada.

Esta situación es el emergente de una cruzada antiderechos que no es nueva. Grávida existe desde 1989. “Hay en todo el mundo organizaciones de derecha, conservadoras cuyo único objetivo es disfrazándose de buenas intenciones forzar a las mujeres y a las niñas a parir, lo cual constituye tortura”, apuntó Guerrero.

El pedido al gobierno de Santa Fe
Por su parte, mediante una nota enviada al Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, organizaciones feministas y de DD.HH. solicitaron informes respecto a las acciones previas y posteriores vinculadas a la situación donde la ONG Grávida obstaculizó el derecho a abortar a la niña de 12 años.

Las organizaciones buscan saber cuáles fueron las medidas solicitadas por el Ejecutivo provincial al Poder Judicial respecto al accionar de Grávida, cuáles fueron las medidas solicitadas a la Inspección General de Personas Jurídicas y si existen aportes económicos estatales a la ONG Grávida. También si existen contrataciones por parte del Estado provincial de personal o servicios a esa ong.

Además, reclaman conocer las intervenciones en el caso de las distintas áreas de gobierno vinculadas al tema.

Según explicó Gabriela Sosa, directora ejecutiva Mesa Federal MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) y exsecretaria de Políticas de Género de la provincia, que encabeza la firma del pedido de informes, “la nota fue motivada porque el primer comunicado oficial del Estado, de la Secretaría de Niñez; nos preocupó mucho porque hablaba de ong objetora de conciencia, que es una categoría que no corresponde. Luego salieron explicaciones fundamentalmente del Ministerio de Igualdad pero no obstante eso queremos saber si van a hacer denuncia contra Grávida. Y preguntamos en relación a la personería jurídica de la ong, teniendo en cuenta que las organizaciones sin fines de lucro tienen que tener como base el bien común, cosa que no han cumplido”.

Por otro lado, Sosa se pregunta por qué desde el Estado no se les ofreció alojamiento a la madre y a la niña teniendo en cuenta que son de Garibaldi, un pueblito a 122 km de la capital y que se trata de una familia en condiciones de vulnerabilidad.

Desde Mumala, dijo, tienen una visión crítica respecto a la secretaria de Niñez. “(Patricia) Chialvo es una funcionaria con fuertes vínculos con la Iglesia católica. Ha intentado diseñar política pública junto a la Iglesia. Tuvo algunas reuniones con el Arzobispado de la provincia donde se ofrecía como institución receptora de denuncias de acoso sexual que sucedieran en su institución. No lograron avanzar por el activismo muy fuerte en la provincia. Por otro lado, en la implementación del Programa de los Mil días, la primera institución que se convenia es una fundación vinculada a la Iglesia católica”, apuntó.

Fue Florencia Marinaro, ministra de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe, quien respondió los requerimientos de la prensa desde el gobierno. Consultada en relación al pedido de informes, dijo a Página/12 que no hay ningún convenio del estado provincial con Grávida. “La vinculación que hacen es sin fundamentos y de tipo partidario político. Las organizaciones que lo hacen fueron funcionarias del gobierno anterior”, respondió.

Florencia Marinaro, ministra de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe.

En relación a las actuaciones del Estado en el caso, Marinaro explicó a este diario que “venía trabajando en una situación de vulnerabilidad por abuso intrafamiliar. Tanto Niñez como Salud venían trabajando en la escucha, el acompañamiento y todo eso fue interrumpido por la intervención de Grávida, que las saca de Garibaldi y las instala en Santa Fe. Cuando perdemos contacto con la mamá y la organización empieza a hablar por la mamá, cuando vemos que la mujer estaba siendo manipulada por esta organización, se toma una medida excepcional para sacarle el cuidado parental transitoriamente a la madre y garantizar el derecho a la niña”, explicó Marinaro.

La ministra explicó que la mujer era víctima de violencia de género por parte del progenitor y abusador de la niña, G. M. A, con quien tiene otros hijos en común. Hoy ya está restituido el cuidado parental a la madre y están ambas bajo la órbita del Estado, que las está acompañando en todo el proceso.

En cuanto a la organización Grávida, la ministra dijo que “el estado va a poner a disposición de la justicia el proceder de esta organización que truncó la intervención del Estado, y toda la información que tenemos”. “En la provincia hay decisión política y obligación legal de implementar el derecho a la interrupción del embarazo que para casos como este es ley desde 1921. La provincia produce misoprostol en el laboratorio público y distribuye en toda la provincia. Estamos cumpliendo con la ley e implementando. Puede suceder que haya profesionales que obstaculizan pero la decisión del Estado es que se garantice el derecho si así lo solicitan las personas porque estamos obligados a hacerlo”, agregó.

Hospital con nuevo paradigma
El Hospital Iturraspe es el mismo en el que murió Ana María Acevedo. Su caso se volvió emblemático porque un grupo de médicos priorizó sus creencias religiosas por sobre la vida de la joven santafesina: ella estaba embarazada y le negaron el aborto legal que había solicitado para poder recibir la medicación que necesitaba. La obligaron a continuar con su embarazo hasta el 26 de abril de 2007, cuando le hicieron una cesárea. El feto no sobrevivió. Ella murió el 17 de mayo de 2006. Tenía veinte años. En 2015 el gobierno provincial tuvo que pedir disculpas públicas y hacer un compromiso de no repetición.

Guerrero rescata que “el equipo del Hospital Iturraspe en el último tiempo viene trabajando muy bien, con perspectiva de género y mucha sensibilidad y esa es una conquista del movimiento feminista y de la Campaña”. Son matices. “Lo importante es que hay una ley que supimos conquistar y estamos defendiendo; y pedimos al Estado que accione contra estas organizaciones que quieren interceptar el ejercicio de nuestros derechos”, finalizó.

Qué dice Grávida
La organización Grávida emitió un comunicado en el que explica que hace más de 30 años que ayuda a “embarazadas transitando cualquier tipo de dificultad y a mamás con sus bebés recién nacidos” y cuestionó el accionar de los medios en relación a lo que dijeron de la organización.

“Nos vemos en la necesidad de aclarar que el modo de acompañar ha ido por un carril completamente diferente al que algunos medios de comunicación informaron. Nuestra intervención respondió ante una situación muy concreta. La madre de una menor, una niña embarazada, una gestación de 24 semanas y una patología clínica de relevancia. ¿Podemos decir que se forzó a alguien cuando fueron las personas las que eligieron recibir la ayuda ofrecida por parte de Grávida? Desde el primer encuentro, se fue dejando en claro que se estaría acompañando, ofreciendo alternativas, poniéndonos a disposición, con absoluto respeto de las decisiones que se fueran tomando”, dice el comunicado firmado por el Equipo de Coordinación.

“Ante una patología clínica compleja, ¿la interconsulta especializada no es un derecho de las personas? Eso fue lo que se propició. Como a tantas familias de nuestro país que viven lejos de zonas urbanas donde se encuentran los centros de mejor atención, la familia recibió un alojamiento y un lugar donde poder estar cómodos, en un momento de decisiones tan difíciles. Y dijeron sentirse muy a gusto allí. (Ese lugar, ofrecido para ayudar, fue allanado)”, agrega.

Por otro lado, plantea que la misma Ley contempla el consentimiento informado: “Las personas pueden no aceptar la práctica ILE, aunque le hayan ofrecido su acceso en el marco de la Ley. Incluso puede pasar que, aun firmado el consentimiento, la persona libremente cambie su decisión (posibilidad que aparece reconocida en el mismo)”.

Esta supuesta libertad y transparencia no es tal. La mentira una de las estrategias de Grávida para evitar que las mujeres y niñas que cursan embarazos no deseados no aborten. “Más allá del caso puntual queremos que se investigue a Grávida como organización, quiénes la financian. Se presentan en páginas oficiales con estrategias de salir al encuentro de las embarazadas. Se acercan, les ofrecen apoyo económico, les dicen mentiras, que se van a desangrar, o se van a morir si abortan –algo que no es así–, con el objetivo de que prosigan la gestación y violando la autonomía en relación al ejercicio de derechos sexuales”, dijo Mariángeles Guerrero, referente de la Campaña en Santa Fe.

Apenas entrar a la página web de la organización se puede ver su estrategia para llegar a mujeres y niñas embarazadas: “¿Conocés a una embarazada que necesita ayuda? Enviá tus datos y nos contactaremos a la brevedad para brindar nuestra ayuda (La información suministrada es confidencial)”. Luego un video presenta la propuesta. Dice que los embarazos no siempre llegan en el mejor momento y con música incidental dramática va pasando imágenes de mujeres y chicas preocupadas, aturdidas, desesperadas hasta que dan con Grávida y todo se resuelve. Una mujer les toma la mano, reciben una caja con productos para el bebé y todos los problemas parecen esfumarse. “Estamos con vos” cierra el video, mientras se oye el llano de un bebe recién nacido . Su visión es “alentar, desde el servicio, un proceso de valorización y cuidado de la vida humana desde el primer instante de su existencia” explica la organización. El paradigma de “protegemos las dos vidas” que los pañuelos celestes levantaron durante toda la gesta de la ley de interrupción voluntaria del embarazo –y desde mucho antes–, en su máxima expresión.

Fuente: Página 12.