Un silenciado caso de Trata que involucra a funcionario público de la provincia de Córdoba

«Nora» tiene 20 años y E.G. más de 50. Mientras analizan cómo encuadrar los hechos, la joven está internada y el hombre sigue libre, amenazando a la familia y sin imputaciones.

Durante el mes de junio, cientos de personas se manifestaron frente a los Tribunales Federales de la capital provincial, denunciando el caso de trata de personas junto a familiares y amigos de Nora, a quien señalan como víctima de ese delito a manos de un funcionario judicial.

A través de un comunicado, las presentes manifestaron que la mujer fue víctima de trata de personas y que el victimario, un funcionario de la justicia provincial, sigue libre y amenazando a la familia.

“No podemos naturalizar el maltrato, la tortura, la dependencia económica, las amenazas como problemas de pareja´ ¡No lo podemos dejar pasar!”, expresaron quienes se acercaron a la protesta.

“Sospechamos que puede haber encubrimiento en los cargos que se ocupan actualmente”, afirman desde su entorno. Denuncian la escasa atención de salud de la víctima, exigen perspectiva de género y la aplicación de los protocolos vigentes.

Vericuetos judiciales del expediente

El 3 de junio, la familia de Nora presenta una denuncia judicial por trata en la Fiscalía Federal N°2. Entre las pruebas que aportó hay fotos y un video -este medio también pudo verlo- en que E.G. ordena a Nora a “comprometerse a hacerle caso”. Ella asiente y dice “es mi última oportunidad”. También audios amenazantes.

Al día siguiente se realizó un allanamiento para rescatar a la víctima. Encontraron drogas, pero en cantidades que encuadrarían en narcomenudeo, no narcotráfico, precisó el fiscal Casas Nóblega.

Nora fue derivada al IPAD para cumplir la internación ordenada por un juez civil.

Por los audios amenazantes, se dispuso custodia policial a la víctima y a la familia.

Para la Justicia Federal, del allanamiento no surgieron indicadores de trata, según lo estableció la Secretaría de Trata de la Provincia. Por eso, aclararon, no hay imputaciones.

El martes 23 de junio, se dictó medida de restricción para que E.G. no pueda acercarse a la víctima.

Se dio intervención a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), se dispuso la realización de la cámara Gesell a la víctima y se dio participación a la Secretaría de Trata de la Nación.

La familia insiste en que no puede entenderse la relación entre la víctima y su victimario como una relación de pareja.

Sin embargo, la fiscalía federal entregó copias del expediente a la Fiscalía de Violencia Familiar, a cargo de Betina Croppi.

La fiscal provincial dictó el miércoles pasado una resolución. Devolvió las actuaciones señalando que no puede intervenir mientras esté abierta la causa judicial federal. Además de una cuestión de competencia, sería revictimizar a Nora, someterla a idénticas medidas de prueba en ambas jurisdicciones. Si se descarta el delito de trata, la justicia provincial podrá abocarse a la investigación de otros delitos.

Fuente: Diario Digital Femenino