“Los servicios de salud sexual y reproductiva son esenciales durante la pandemia”

Un documento publicado el 21 de marzo por el Royal College of Obstetrics and Gynecology (RCOG) y traducido por la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS) había puesto la mirada sobre aborto y anticoncepción en tiempos de pandemia y ratificaba que se trata de una prestación de salud esencial. Ahora el Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe emitió un pronunciamiento en la misma línea y llama a los gobiernos de la región a que tomen medidas específicas al respecto. El alerta se enciende porque los grupos fundamentalistas y algunos gobiernos se están aprovechando de la emergencia para negarles a las mujeres, niñas, adolescentes y personas trans el acceso a los servicios de aborto.

“La pandemia del COVID-19 ha resaltado las desigualdades de las sociedades latinoamericanas y las mujeres, como ha sucedido históricamente en todos los contextos, estamos asumiendo una carga de riesgo mayor porque podemos perder derechos que ya habíamos ganado. Los Estados de la región no solo deben mantener los servicios médicos para garantizar el aborto, sino que deben adoptar medidas que permitan ampliar el acceso de las mujeres, adolescentes y niñas al aborto durante la pandemia a través de métodos como el farmacológico. El aborto farmacológico debe ser suministrado de manera oportuna y segura en casa con ayuda de la telemedicina”, dijo Catalina Martínez Coral, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe.

Desde CDR reclaman a los Estados de la región que:

Garanticen el aborto como un servicio de salud esencial: el acceso al aborto es esencial para preservar la vida y la salud de las personas embarazadas. Los impactos del COVID-19 pueden socavar severamente el acceso a los servicios de aborto ya que las restricciones a los viajes limitan las opciones de transporte, la desaceleración económica deteriora las finanzas personales y la capacidad de atención del sistema de salud se limita cada vez más. El aborto es siempre un procedimiento urgente que no debe posponerse, las medidas que socavan el acceso a este procedimiento obligarán a las personas a buscar servicios inseguros o tardíos durante el embarazo que pondrán en riesgo sus vidas y su salud.

Eliminen las barreras legales y administrativas a los servicios de aborto, incluido el aborto farmacológico: los gobiernos y las entidades que prestan servicios de salud deben eliminar los obstáculos legales y administrativos para acceder al aborto, esto debe incluir el levantamiento de sanciones penales para quienes decidan abortar, también deben ofrecerle a estas personas acceso seguro y a tiempo al procedimiento buscando evitar el mayor contacto posible con el personal de salud en la primera línea de atención de la pandemia. Para este propósito deben adoptarse medidas tecnológicas que permitan la implementación de la telemedicina para que las mujeres, niñas y adolescentes no se vean obligadas a realizar múltiples e innecesarios viajes a los establecimientos de salud.

El aborto farmacológico es un medio seguro y eficiente para interrumpir un embarazo no deseado: el misoprostol, uno de los medicamentos activos para este procedimiento, está incluido en la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS, lo que significa que los gobiernos deben registrarlo así también. Sin embargo, en muchos países, todavía las píldoras abortivas no están disponibles. Así que para aumentar el acceso al aborto seguro y, al mismo tiempo, reducir la presión sobre los sistemas de salud, es necesario que las píldoras para el aborto farmacológico estén ampliamente disponibles en farmacias, incluso sin receta. En ese mismo sentido, las mujeres, niñas y adolescentes deberían poder usar la telemedicina cuando lo deseen para consultar a profesionales de la salud reproductiva sobre este procedimiento.

Se debe cumplir con el Paquete Mínimo de Servicios Iniciales para la Salud Reproductiva: se trata de un estándar internacional de atención que debe implementarse al comienzo de cada emergencia, incluidas las crisis de salud pública. Este conjunto prioritario de servicios esenciales, que busca salvar vidas, incluye atención obstétrica, prenatal y posnatal; información y servicios anticonceptivos, incluida la anticoncepción de emergencia; atención posterior al aborto y atención en caso de violación.

GARANTÍA DE ACCESO A LA SALUD MATERNA DIGNA Y DE CALIDAD

En tanto los recursos para responder a la pandemia se van reasignando, sigue siendo esencial que todas las personas tengan acceso a una atención de salud materna de calidad libre de discriminación, violencia y coerción. Las limitaciones de recursos y las situaciones de emergencia a menudo son precursoras de violaciones de los derechos humanos en entornos de salud materna, tales como maltrato, abuso de mujeres durante el parto y violaciones del derecho al consentimiento informado. Estas violaciones afectan de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables como minorías raciales y étnicas, mujeres en situación de pobreza o que viven en entornos rurales. Por ese motivo, los gobiernos deben tomar medidas para garantizar los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes en estos contextos. Además, a medida que conocemos más información sobre los riesgos del COVID-19 para las mujeres embarazadas y los recién nacidos, es fundamental que los gobiernos y los proveedores de atención médica sigan garantizando, en la medida de lo posible, el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre el trabajo de parto.

ASEGURAR EL ACCESO OPORTUNO A LA ANTICONCEPCIÓN, INCLUYENDO LA ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA

Interrumpir cadenas de suministros y reasignar recursos de salud durante la crisis del COVID-19 puede generar graves consecuencias para el acceso a la anticoncepción. La anticoncepción no solo es esencial para permitir que las personas tomen decisiones sobre su autonomía reproductiva, sino que le puede evitar al sistema de salud la demanda de servicios para atender embarazos no deseados. Los Estados deben garantizar acceso a la información y los servicios anticonceptivos como una medida esencial para que las personas puedan evitar embarazos no deseados que podrían tener alto impacto en sus vidas y en su salud.